La desconfianza se ha convertido en la principal barrera para el mercado del alquiler. Según el informe Experiencia en alquiler en 2025, elaborado por Fotocasa Research, el 48% de los propietarios que ofrecen sus viviendas en arrendamiento citan como su mayor preocupación la posibilidad de sufrir impagos, destrozos o incluso una okupación. Este porcentaje supone un fuerte repunte frente al 40% registrado en la edición anterior del estudio.
Los autores del informe explican que esta percepción se relaciona directamente con la falta de seguridad jurídica y con la sensación de desprotección que padecen los arrendadores. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, apunta que "muchos propietarios sienten que, una vez alquilada la vivienda, pierden capacidad de actuación ante imprevistos o incumplimientos. Por ello, es imprescindible garantizar mecanismos que aporten seguridad y certidumbre a ambas partes".
La pesadilla de echar a un okupa
Los temores de los propietarios no son infundados. Tal y como ha venido documentando Libre Mercado, los plazos para recuperar una vivienda ocupada ilegalmente se han disparado bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, la duración media de un procedimiento ligado a una okupación ilegal ha pasado de 11,7 meses en 2018 a 23,2 meses en 2023. En regiones como Castilla y León, la demora media supera incluso los 35 meses.
En paralelo, el número de denuncias por okupación se ha disparado un 55% desde que Sánchez llegó a La Moncloa. En 2017 se registraron 10.619 denuncias, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 16.426. Cataluña concentra el 43% de todos los expedientes, con más de 7.000 denuncias en 2024, casi cinco veces más que Madrid.
A ello se suma la llamada inquiokupación, es decir, el impago continuado de los arrendatarios. Aunque no existe una categoría legal específica para este fenómeno, los datos del CGPJ muestran que en 2023 se produjeron 20.562 desahucios por impago de alquiler y más de 10.000 sentencias ligadas a rentas no abonadas. Estos números refuerzan el temor de muchos propietarios de que, una vez cedida la vivienda, quedarse atrapados en procedimientos largos y costosos sea casi inevitable.
Un mercado desincentivado
El informe de Fotocasa también apunta que, si bien la renta mensual sigue siendo el principal incentivo para alquilar —el 66% lo hace por ser una fuente de ingresos y el 41% por rentabilidad—, cada vez más propietarios consideran que la inseguridad jurídica resta atractivo a este mercado. El 36% declara que necesita los ingresos del alquiler para pagar su hipoteca, pero la incertidumbre asociada a impagos y okupaciones amenaza con frenar la oferta.
En este contexto, no sorprende que proliferen empresas dedicadas a reforzar la seguridad de los inmuebles, a garantizar rentas frente a impagos o incluso a mediar con okupas. Sin embargo, los expertos alertan de que, mientras no se reforme el marco legal para acortar plazos y blindar la seguridad de los arrendadores, el miedo seguirá pesando más que los incentivos económicos.
El Índice de Derechos de Propiedad que elabora anualmente el Instituto de Estudios Económicos refleja también esta debilidad estructural. En su última edición, España figura muy por debajo de la media de la Unión Europea en protección jurídica de la propiedad privada, con especial deterioro en los indicadores vinculados a la seguridad jurídica y a la efectividad de los tribunales. El IEE subraya que estas carencias restan atractivo a la inversión, penalizan el mercado del alquiler y sitúan a España muy lejos de las economías más avanzadas en respeto a la propiedad privada.