A pocos días de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, comparezca en el Congreso para justificar las políticas del Ejecutivo, y tras amenazar con aplicar un "155" para arrebatar competencias a la Comunidad de Madrid, los ministros de Sumar han seguido la estela y proponen al PSOE un Real Decreto Ley con medidas de intervención urgente en el mercado del alquiler.
"Este real decreto no es un parche", ha defendido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, comparando su impacto con la reforma laboral, tras la reunión de los cinco ministros de Sumar para respaldar la propuesta elaborada desde el Ministerio de Pablo Bustinduy. Entre las medidas plantean congelar los contratos de alquiler, incluidos los vigentes, que se prorrogarían automáticamente por tres años más; regular los alquileres de temporada mediante un nuevo régimen sancionador que exige una duración mínima de 30 días; y aprobar reformas fiscales y legales para frenar la compra "especulativa" de viviendas.
En materia fiscal, el socio minoritario del Gobierno propone modificar el Impuesto Temporal de las Grandes Fortunas para que los propietarios de cuatro o más viviendas tributen un 5% anual sobre su patrimonio inmobiliario. Además, plantean gravar los alquileres turísticos con un IVA del 21%. También se contempla eliminar la bonificación del 40% sobre las rentas del alquiler en el Impuesto de Sociedades, excepto para aquellos alquileres considerados asequibles según el índice de referencia.
El paquete de medidas también contempla un compromiso para incrementar la inversión pública en vivienda, ampliando la oferta asequible, promoviendo el alquiler social y ampliando el parque público a través de nuevas partidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado. No obstante, considerando que lo más probable es que 2026 comience por tercera vez consecutiva con unas cuentas prorrogadas, la puesta en marcha de estas medidas está en duda. Más aún ante los continuos anuncios del presidente del Gobierno sobre la construcción de vivienda, que hasta ahora no se han materializado.
El objetivo, según el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, es "rescatar el derecho constitucional a una vivienda digna y asequible e imponer el interés general por encima de los intereses de agentes económicos especuladores".