En los últimos años el Centro de Investigaciones Sociológicas —el CIS— ha pasado de ser un instrumento técnico del sistema estadístico a convertirse en un actor central del debate político. Sus presupuestos no son irrelevantes: la dotación oficial recogida para 2022 fue de 11,09 millones de euros y en 2023 la cifra oficial aumentó hasta una dotación que, tras modificaciones, llegó a rondar los 15,94 millones de euros. Esos saltos presupuestarios no son anécdota; son dinero público que financia personal, encuestas, contratos y, sobre todo, narrativa pública.
Cuando el Estado incrementa la financiación de un organismo que produce información política de primera magnitud conviene ser escrupulosos: ¿aumenta la financiación para fortalecer capacidades técnicas o para reforzar una voz concreta en el espacio público? La pregunta gana urgencia cuando, en paralelo, llegan encuestas del propio CIS que colocan a un partido —en este caso, el PSOE— con amplias ventajas sobre su principal competidor. El barómetro más reciente publicado por el CIS muestra una ventaja notable del PSOE sobre el PP —una horquilla que algunos medios han traducido en quince puntos— un salto que, para muchos ciudadanos, suena demasiado conveniente.
Estos resultados no dejan de llamar la atención ya que de ser ciertos, probablemente veríamos al presidente del Gobierno disolviendo cortes y convocando elecciones anticipadas.
Desde que llegó al poder, Sánchez no ha hecho otra cosa que poner a su servicio todas las instituciones públicas con vocación de independencia, como el CIS, el INE o los reguladores de mercado como la CNMC o la CNMV, donde se han colocado convenientemente peones con claros nexos con el poder político, como Mariano Bacigalupo, marido de la hasta hace poco vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Una CNMC que decidió llevar a Fase 2 la OPA de BBVA sobre Sabadell, para permitir al Gobierno ganar tiempo mientras sus socios de investidura presionaban para frenar la operación. Finalmente la aprobó con condiciones. Y ahora la CNMV plantea una posible segunda OPA, de nuevo, al servicio de los intereses de Moncloa, al menos aparentemente.
Frases célebres ya como "de quién depende la Fiscalía", unido a la deriva del INE con revisiones constantes, numerosas y abultadas de los datos de PIB de años pasados, así como de la ponderación de las distintas magnitudes, por ejemplo, para calcular los datos de inflación, hacen sospechar de que el Gobierno está usando las instituciones a placer.
Si permitimos que el dinero público nutra sombras de parcialidad, dañamos la capacidad colectiva para decidir con información fiable. Si creemos en el mercado abierto de ideas, también debemos exigir mercados públicos de información limpios, competentes y transparentes. Sin eso, la democracia se empobrece; y el debate público, que debe ser el terreno del mejor argumento, se convierte en el eco del bolsillo que paga la cuenta.