La riqueza de los hogares españoles ha aumentado en las últimas dos décadas, pero no todos se han beneficiado por igual. Según un nuevo estudio de FEDEA, la brecha patrimonial entre menores de 35 y mayores de 75 años ha pasado de 50.000 euros en 2002 a más de 360.000 en 2022. Mientras las generaciones de la posguerra y el baby boom consolidaban su patrimonio, sobre todo a través de la vivienda y en menor medida mediante el ahorro, los millennials se han quedado atrás.
Este fenómeno no es un accidente económico inevitable, sino el resultado de decisiones políticas y regulatorias que han favorecido a las generaciones mayores y penalizado a las más jóvenes. Como explicó el Instituto Juan de Mariana en su informe Brecha generacional, el actual sistema de pensiones (1) apuntala la renta de los mayores y (2) reduce los ingresos de los jóvenes, debido a la enorme "cuña fiscal" que se impone a las clases activas para financiar a las pasivas. Esta dinámica incide directamente en que los ingresos y el patrimonio de unos va a más y el de otros experimenta una mejora muchísimo menos acusada, dando pie a la citada brecha generacional.
El informe de Fedea muestra que la mayor parte de la riqueza en España está concentrada en activos reales, especialmente vivienda. Para quienes accedieron a la propiedad antes del boom inmobiliario, la fuerte apreciación del precio de los inmuebles se tradujo en un incremento de su patrimonio neto. Hoy, sin embargo, las restricciones artificiales a la oferta de vivienda —urbanismo rígido, trabas regulatorias y fiscalidad confiscatoria— elevan los precios y excluyen a los jóvenes. ¿Los datos? Mientras más del 80 % de los nacidos entre 1945 y 1965 eran propietarios a los 42 años, hoy menos del 50 % de los nacidos después de 1985 lo son.
La desigualdad no se corrige con facilidad porque las herencias y donaciones están gravadas con impuestos que dificultan la transmisión patrimonial. Lo que podría servir para cerrar brechas se convierte en una barrera más. Es precisamente la izquierda política la que más defiende los gravámenes que afectan a la transferencia de riqueza, de modo que esta postura agrava la desigualdad entre mayores y jóvenes en términos de acceso a la vivienda y riqueza de tipo de inmobiliario.
Según el Instituto Juan de Mariana, la renta de los mayores de 65 años ha crecido un 18 % desde 2008, mientras que la de los jóvenes ha caído un 3 %. Además, las nuevas pensiones ya superan los sueldos medios de los menores de 35 años. Este sistema traslada recursos de las generaciones activas a las pasivas, a costa de empleo, inversión y ahorro de los jóvenes. La presión fiscal total sobre el trabajo se acerca al 55 %. A ello se suma un gasto creciente en pensiones —déficit estructural de casi 56.000 millones de euros— que hipoteca el futuro de quienes hoy trabajan. Mientras tanto, la política de vivienda sigue priorizando la rigidez urbanística frente a la oferta asequible.
El estudio de FEDEA confirma la tendencia. El 1 % más rico concentra ya más del 21 % del patrimonio nacional y la desigualdad en la tenencia de activos, medida por el Índice de Gini, ha subido de 0,57 a 0,69 puntos. Pero el problema no es que haya ricos, sino que se gobierne primando a unos colectivos frente a otros, lo que se traduce directamente en menos oportunidades para generar riqueza entre quienes vienen detrás. Si los jóvenes tienen menos acceso a vivienda, víctimas de un urbanismo atrozmente intervenido, y su acceso al ahorro y los activos financieros es más bajo, por una presión fiscal mucho mayor que la que soportaron otras generaciones, el resultado final es, lamentablemente, el que anticipó el Instituto Juan de Mariana en su estudio y el que confirma ahora FEDEA.