La crisis de la vivienda tiene como causa fundamental el intervencionismo del Gobierno, agravado especialmente desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Ya antes, el Estado ejercía un control total sobre el suelo. Sin embargo, el actual Ejecutivo ha sido responsable de la Ley de Vivienda, con la que se han puesto en marcha lesivas restricciones. A ello se le suma, además, la creciente protección a okupas e inquiokupas, que atenta contra el derecho a la propiedad y desincentiva la construcción y la oferta de alquiler.
Todo ello supone, en última instancia, que la oferta de vivienda cada vez es menor, tanto para alquilar como para comprar. Por ello, a pesar de lo que digan desde el Ejecutivo, la ley de la oferta y la demanda se cumple con precisión cartesiana. El problema, naturalmente, es que la causa que provoca esta caída de la oferta, en un contexto en el que la demanda también se ha disparado, no responde a la lógica del mercado, sino que es fruto del afán regulatorio del Gobierno y su incapacidad para comprender el funcionamiento elemental de la economía.
Menos viviendas terminadas
En plena crisis del mercado de la vivienda, con unos precios que no dejan de crecer, la oferta de vivienda nueva está disminuyendo, lo cual agrava las dinámicas que señalamos anteriormente. Así lo confirman las estadísticas publicadas por el Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda, que demuestran que el número de viviendas terminadas se redujo un 7,4% durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo período del año anterior, sumando un total de 21.139 viviendas.
Pero no sólo ha disminuido el número de viviendas terminadas, que incluyen tanto las viviendas libres como las calificaciones definitivas de vivienda protegida. Al mismo tiempo, tal y como se detalla en el informe del Observatorio, los certificados finales de obra también han sufrido una importante caída en el primer trimestre de 2025 después de haberse reducido un 11,4% con respecto al año anterior, situándose en los 20.674.
Asimismo, en relación con la construcción de vivienda libre, las cifras proporcionadas por el Observatorio demuestran que, a pesar de que en este período se iniciaron más inmuebles, el número de viviendas terminadas también se ha reducido. Concretamente, si bien el número de viviendas libres iniciadas se ha incrementado un 11,5%, el número de viviendas libres terminadas cayó casi un 8%, situándose en las 18.642.
En consecuencia, los precios de la vivienda siguen creciendo. De hecho, el propio informe del Observatorio así lo refleja. "Después de la etapa de moderado crecimiento de los precios de vivienda en los últimos años y de la reducción registrada en el año 2020, desde finales de ese mismo año, los precios han recuperado una tendencia al alza", subraya el documento. De esta forma, se detalla que "en el primer trimestre de 2025 el precio medio de la vivienda libre ha experimentado un incremento interanual del 9 %, situándose en 2.033 €/m²".
Bruselas señala a Sánchez
Con todo, cabe destacar que ya señalan incluso desde Bruselas la responsabilidad del Gobierno de Sánchez y el impacto que han tenido sobre el precio de la vivienda las medidas intervencionistas aplicadas en nuestro país –en este caso, en relación con el mercado del alquiler–. Así, un informe publicado recientemente por la Comisión Europea demuestra que el control de precios no es la solución para el problema que vive el mercado de la vivienda.
En este documento, la Comisión detalla que "en España, se estableció un límite de crecimiento de precios del 2% para 2023 y del 3% para 2024" e incide en que "actualmente, los alquileres durante la vigencia del contrato (cinco o siete años) no pueden aumentar más que un índice de referencia estrechamente vinculado al índice general de precios al consumo". Del mismo modo, la Comisión explica que "en Alemania, los alquileres suelen estar vinculados a un alquiler de referencia para viviendas de calidad similar en la misma localidad, establecido a intervalos regulares (normalmente cada cuatro o seis años)". A este respecto, la conclusión de la Comisión es clara: "esto hace que los ajustes sean generalmente bastante lentos".
De hecho, la Comisión explica en el documento que "la regulación de los mercados de alquiler afecta la evolución del mercado inmobiliario, con efectos ambiguos en la asequibilidad, las renovaciones y la oferta de viviendas". Del mismo modo, el informe señala que "la regulación de los alquileres suele reducir la sensibilidad de los alquileres a factores como los precios de la vivienda, los costes de construcción y la inflación". En este sentido, explica también que se pueden generar consecuencias no deseadas: "si bien los topes de alquiler pueden ofrecer un alivio a corto plazo al limitar los aumentos durante periodos de presión sobre los alquileres, también pueden generar alquileres más altos en mercados sin control".
Es más. Según la Comisión, el control de los alquileres también puede generar una burbuja en este mercado. "Los controles estrictos de los alquileres pueden inflar los precios de la vivienda y aumentar la falta de vivienda, ya que a menudo generan desajustes entre la oferta y la demanda con efectos heterogéneos entre los distintos grupos de ingresos", asevera la institución, que subraya cómo "este desequilibrio puede fomentar burbujas inmobiliarias especulativas y un endeudamiento excesivo de los hogares a medida que más personas se ven obligadas a adquirir una vivienda propia".