El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un gran problema. El intervencionismo está estrangulando el mercado con su política intrusiva, donde quiere establecer control de precios, imponer cuotas de vivienda social en cada promoción de viviendas y donde no lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Esto desincentiva la oferta.
Además, su negativa a liberalizar suelo constriñe la oferta todavía más, con lo que el precio sube. Por otra parte, como hay una demanda creciente, el precio se incrementa también por esa vía. Adicionalmente, la burocracia ralentiza todo el proceso de movilización de suelo -con su parte de fundamentalismo medioambiental que puede llegar a paralizar una promoción entre dos y tres años-, agravando el problema de oferta.
Por último, la vivienda está gravada con una carga tributaria que se levanta como una barrera de entrada muy elevada a la compra, pues si un joven, por ejemplo, ahorra y puede llegar a comprar una vivienda de 300.000 euros, si es que la encuentra por ese precio, tiene que reunir entre 18.000 y 30.000 euros más para Hacienda, vía pago de impuestos, que para vivienda nueva es un 10% de IVA y para vivienda de segunda mano el impuesto de transmisiones (TPO) oscila entre el 6% de Madrid y el 13% al que puede llegar en alguna comunidad autónoma (Baleares lo estableció en tiempos de Armengol, para importes superiores a dos millones de euros), siendo el punto de partida indicado en su día por la AGE el 7%.
Cuando los ciudadanos van tan al límite para poder comprar, ese importe adicional tributario puede impedir que puedan comprar en ese momento, de manera que si continúan ahorrando para pagar la parte tributaria, probablemente cuando consigan ese ahorro el precio habrá subido todavía más, incrementando el esfuerzo para poder pagar tanto el precio de la vivienda como el impuesto, ya que también habrá crecido en valores absolutos al ser un porcentaje sobre la base. Y a eso hay que añadirle otro impuesto, el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que se mueve entre otro medio punto y punto y medio (siendo el punto de partida recomendado por la AGE el 1%), es decir, hay que añadir el pago de otros entre 1.500 y 4.500 euros.
Todo ello, contribuye a hacer imposible el acceso a la vivienda de muchas personas, que tienen que saber que es el intervencionismo y la voracidad recaudatoria quienes están jugando en su contra.
Sin embargo, el Gobierno va en sentido contrario: quiere aumentar los impuestos a las viviendas vacías e impedir que extranjeros no residentes compren, gravándolo con un nuevo impuesto, además de subir al 21%, dentro de su voracidad recaudatoria, el IVA a los apartamentos turísticos y que las SOCIMI’s tributen al 25% si no destinan sus viviendas a alquiler asequible. Esto último es, en sí mismo, un disparate dentro de otro disparate, pues las SOCIMI’s suelen estar centradas más en el negocio de oficinas que en el residencial. En cuanto al resto de medidas, no deja de constituir un esperpento empobrecedor, que expulsará la recepción de inversores y, con ello, la generación de actividad económica y empleo. Esto sólo empeorará la situación.
Debe haber un cambio normativo que permita, por este orden liberalizar el suelo, reducir la burocracia al mínimo posible, así como la absurda normativa que ampara al fundamentalismo medioambiental que tanto retrasa la construcción de viviendas, y bajar los impuestos a las viviendas, incluso eliminarlos. En vivienda de segunda mano, las CCAA pueden reducir al 0% el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda habitual. En el caso del IVA, el Gobierno debería solicitar a la UE que incluyese la vivienda habitual en aquellos bienes y servicios que pueden ser objeto de aplicación de tipo cero. Dicha bajada convendría que fuese justo después de la liberalización del suelo y la eliminación de la burocracia, para impedir que ese ahorro se trasladase al precio ante el mantenimiento de la escasez de oferta.
No podemos seguir con una política intervencionista en el mercado de la vivienda como la que existe, que tapona las posibilidades de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, para comprar una vivienda, con gran incidencia en la clase media, que no puede acceder a una vivienda de ayudas públicas, puesto que tiene una renta mayor al listón que da derecho a optar a ella, pero que con todos los impuestos que paga y los que gravan la vivienda, no tiene capacidad para afrontar la compra de una, porque los precios son exorbitados debido a la regulación e intervención en materia de vivienda y a la voracidad recaudatoria que sufre también la compraventa de viviendas.
Todo ello, está dejando a un segmento de la población sin capacidad suficiente para poder ahorrar ni para asegurarse dicho ahorro a largo plazo a través de la propiedad de una vivienda, que ha sido el gran ahorro de los españoles de los últimos setenta años, y que pese a contar con una renta menor que la de países de nuestro entorno, puede haber una riqueza individual mayor por la existencia arraigada de la propiedad de una vivienda. Ahora, todo eso puede desvanecerse para las nuevas generaciones no por culpa de los propietarios, sino por culpa del intervencionismo, que impide que crezca la oferta y que se rebajen los precios con ello y con la eliminación de los impuestos asociados a la primera vivienda.
Debería liberalizarse el suelo, eliminar la burocracia que ralentiza la construcción y eliminar los impuestos de primera vivienda. Todo ello, permitiría lograr que el acceso a la vivienda fuese más fácil para tantos ciudadanos, especialmente jóvenes. Sin duda, la medida más rápida sería la de la parte tributaria, que se puede solucionar con relativa rapidez y eliminar esa barrera, al gravarse con tipo cero, que sufren los ciudadanos para comprar una vivienda.