La inmobiliaria Alquiler Seguro se defiende ante la persecución emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez, que está radicalizando su discurso y sus acciones en materia de vivienda. Ahora ya no basta con imponer cada vez mayores controles sobre este sector, sino que ahora también quiere señalar y sancionar a las empresas que ofrecen soluciones a los problemas creados por el Ejecutivo en este ámbito. En este sentido, desde Alquiler Seguro confirman que han recibido la propuesta de sanción por parte del Ministerio de Consumo, que dirige Pablo Bustinduy, por importe de 3,6 millones de euros.
De esta forma, la compañía adelanta que presentará alegaciones y defiende que ha cumplido la ley, rechazando además las acusaciones de llevar a cabo prácticas abusivas en la gestión de los alquileres. En concreto, la inmobiliaria argumenta que todos los servicios que ofrece a propietarios e inquilinos son transparentes, públicos y voluntarios, incluidos los gastos de gestión y formalización del contrato, que recaen exclusivamente en el arrendador, tal y como viene recogido en el contrato de prestación de servicios.
La Justicia avala a Alquiler Seguro
Lo cierto es que, como destaca la inmobiliaria en un comunicado al que ha tenido acceso Libre Mercado, la Justicia ha avalado los servicios que presta Alquiler Seguro. "Alquiler Seguro ha recibido ya tres sentencias judiciales que corroboran la legalidad de sus servicios, en las que se reconocen la voluntariedad del Servicio de Atención al Inquilino (SAI) y la utilidad de todas las prestaciones que ofrece", detalla el documento. En referencia a la última de estas tres sentencias, la inmobiliaria subraya que "la compañía conoció ayer mismo una nueva resolución judicial que corrobora que todos los servicios que ofrece son voluntarios y que generan un beneficio para sus clientes".
En este sentido, la compañía defiende además que ofrece un contrato de servicio de atención al inquilino que no supone ningún tipo de imposición, dado que el arrendatario puede alquilar una vivienda "sin intermediación" de la empresa. De esta forma, inciden en que "la voluntariedad en la suscripción de los servicios de Alquiler Seguro, y específicamente, del Servicio de Atención al Inquilino (SAI), ha sido reconocida en hasta tres procedimientos judiciales por tres tribunales que han analizado su alcance y su aplicación".
De hecho, la Justicia considera que el servicio de atención al inquilino que presta Alquiler Seguro es un servicio de gran valor para los clientes de la compañía. Como detalla el comunicado "el Juzgado de 1ª Instancia nº 104 de Madrid desestimó una demanda contra la empresa por el cobro de este servicio, aclarando que no solo no es abusivo ni supone una imposición, sino que incluye todo un conjunto de prestaciones voluntarias que resultan de utilidad para los inquilinos durante toda la vigencia del contrato de alquiler".
Presentarán alegaciones
Recordemos que el Ministerio de Consumo ha propuesto imponer una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro después de que, en el mes de marzo, el departamento que dirige Pablo Bustinduy abriera un expediente sancionador contra la inmobiliaria. El Ministerio sostiene que la compañía podría haber llevado a cabo prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler. Al respecto, tal y como anuncia en su comunicado, Alquiler Seguro va a presentar alegaciones "para defender la legalidad de sus servicios" y subraya que "el importe que el Ministerio de Consumo fija en la propuesta de sanción es, además, abusivo y desproporcionado".
Preguntados por Libertad Digital, desde Alquiler Seguro defienden que esta iniciativa por parte del Gobierno "se trata de una campaña contra Alquiler Seguro en la medida en que representa una opción de protección al propietario y en favor del mercado del alquiler". Así, detallan que "nuestra posición crítica hacia la Ley de Vivienda, junto con nuestro prestigio y conocimiento de marca, nos ha puesto en la mira de quienes persiguen a los que piensan diferente".
De hecho, desde la inmobiliaria denuncian que el Ejecutivo esté más centrado en emprender batallas ideológicas que en solucionar los problemas de la ciudadanía. "El Gobierno está claramente motivado por un componente ideológico en el que, lo de menos, es si existe o no una vulneración de los derechos del consumidor, sino que Alquiler Seguro tiene una posición de liderazgo en un sector en el que el Gobierno no cree", sostienen.