La justicia estadounidense ha dado un nuevo paso en la cascada de fallos contra España por los impagos de las primas a las energías renovables. El Tribunal del Distrito de Columbia ha dictado una resolución definitiva que valida el laudo arbitral correspondiente al caso Infrared y que sitúa la responsabilidad financiera del Estado en 41,1 millones de euros.
El procedimiento tiene su origen en una reclamación presentada en 2014 ante el CIADI, en la que los inversores —que habían movilizado alrededor de 30 millones de dólares en plantas solares en Andalucía y Extremadura— denunciaban la retirada retroactiva de los incentivos prometidos al sector. El tribunal del Banco Mundial les dio la razón en agosto de 2019, pero el pago quedó en suspenso tras las maniobras de revisión y anulación promovidas por la Abogacía del Estado. El laudo quedó definitivamente confirmado en junio de 2022.
Ante la falta de cumplimiento voluntario, los acreedores —agrupados en el vehículo Blasket Renewable Investments y representados por el despacho King & Spalding— optaron por registrar la decisión del CIADI en Estados Unidos. El juez John D. Bates ha rechazado la oposición de España y ha ordenado que la resolución se ejecute "como cualquier otra sentencia firme de un tribunal estadounidense". La cifra exigible asciende a 47,6 millones de dólares, equivalente a algo más de 41 millones de euros, debido a intereses y costes adicionales acumulados durante estos años.
La sentencia se apoya en un pronunciamiento previo del pasado 13 de agosto, donde ya se descartaron los argumentos de inmunidad soberana invocados por España y se consideró plenamente válido el laudo conforme a la normativa estadounidense sobre reconocimiento de arbitrajes internacionales.
Las empresas afectadas destacan que este resultado es "un respaldo claro al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica", subrayando que confiaron en unas reglas que posteriormente se modificaron de forma abrupta.
Con esta decisión, el laudo queda listo para ejecución en el sistema judicial estadounidense, lo que abre la puerta a solicitar embargos sobre activos comerciales del Estado español si no se efectúa el pago.
Siete condenas consecutivas
La resolución se produce en paralelo al registro de otros seis laudos vinculados a casos como Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), 9REN (44 millones) y NextEra (290,6 millones). En conjunto, la justicia de EEUU ha reconocido ya siete fallos por un importe total de 691,2 millones de euros.
El pulso legal no se limita a Estados Unidos. El pasado 29 de agosto, el Tribunal Federal de Australia dictó una sentencia histórica ordenando la ejecución de cuatro laudos por un importe conjunto de 469 millones de euros. El juez Stewart rechazó igualmente la tesis de inmunidad soberana defendida por España, avaló las reclamaciones de RREEF, 9REN, Watkins y NextEra, e impuso costes procesales no solo al Gobierno español, sino también a la Comisión Europea, cuya intervención fue descartada.
Mientras tanto, los inversores han puesto en marcha en EEUU un procedimiento de descubrimiento de activos conocido como discovery order para identificar bienes susceptibles de embargo si el Estado español continúa sin atender las obligaciones derivadas de los arbitrajes.