El coste para el erario público derivado de los impagos en los laudos internacionales de las renovables continúa disparándose. Según documentación facilitada por los acreedores afectados a este medio, la deuda total ligada a estos procedimientos se ha encarecido en 101 millones de euros adicionales solo por la acumulación de intereses de demora durante el último periodo analizado.
El monto principal pendiente, correspondiente a indemnizaciones dictadas en procesos arbitrales de obligado cumplimiento para España, asciende ya a 1.748,5 millones de euros. A esta cifra se suman casi 300 millones en intereses de demora acumulados —exactamente 297,6 millones— fruto de la decisión del Estado de continuar litigando y no proceder al pago de las compensaciones ordenadas por los tribunales internacionales.
Cabe recordar que la cifra del monto adeudado por concepto de intereses de demora no es estática: aumenta cada día y se ha visto acelerada por el contexto financiero actual, de tipos de interés más altos que los vigentes cuando empezaron a conocerse las condenas, hace ahora seis años, lo que incrementa la factura total.
Los acreedores recuerdan que desde mayo de 2023 vienen alertando de este problema, cuando los intereses acumulados por las primeras 18 condenas firmes se situaban en 103,8 millones. Dos años y medio después, esos mismos procesos suman ya 248,7 millones, un incremento de 145 millones en ese subconjunto de fallos arbitrales. Si, además, consideramos las 10 condenas que se han emitido desde entonces, encontramos que el coste total ya roza los 298 millones.
La siguiente tabla desglosa las condenas en firme y los intereses de demora ligados a cada una de estas decisiones:
El documento calcula que, desde abril de 2023 hasta diciembre de 2025, los intereses acumulados por los impagos del gobierno de Pedro Sánchez han crecido a un ritmo de 207.158 euros diarios, lo que equivale a 144 euros por minuto. Para evitar este deterioro continuado, las empresas afectadas reiteran su voluntad de alcanzar un acuerdo con el Reino de España que cierre la larga saga litigiosa y restaure un marco de seguridad jurídica que incentive la inversión internacional, seriamente erosionada desde los recortes retroactivos a las primas renovables.