Bruselas vuelve a tropezar con su propio laberinto burocrático. La Unión Europea ha decidido aplazar de nuevo la polémica ley contra la deforestación —la norma que encarecerá productos como el café o la soja— y retrasa su aplicación hasta diciembre de 2026. El acuerdo informal alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo confirma lo que varias capitales europeas venían advirtiendo desde hace meses: la regulación es, sencillamente, imposible de aplicar en los plazos y condiciones diseñados por la Eurocámara.
La normativa castiga las importaciones de productos (cacao, café, soja, madera, ganado o caucho) que provoquen "la destrucción" de bosques en terceros países. Para ello, obliga a las empresas a demostrar mediante sistemas de geolocalización que ninguna de las materias primas importadas ha provocado deforestación, un requisito que el propio sector productivo calificó desde el primer momento como una "imposición burocrática irrealizable".
Flexibilidad y revisión en 2026
El pacto alcanzado durante la noche de este jueves incluye "flexibilidades" y simplificaciones para empresas y Estados miembros y una cláusula de revisión antes de abril de 2026. La comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, defendió el acuerdo como un gesto de pragmatismo: normas más simples, menos carga administrativa y cadenas de suministro "más resilientes".
Sin embargo, esto no ha gustado a los defensores de la norma, entre ellos la vicepresidenta de la Comisión para la Transición Limpia y exministra del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Teresa Ribera, que ha calificado el acuerdo como un "chantaje" y acusa a democristianos y partidos de derecha de rebajar la ambición climática europea en plena recta final de legislatura.
La realidad económica se impone
Este nuevo retraso supone ya el segundo aplazamiento de una ley aprobada en 2023 y que debía haber entrado en vigor en enero de 2025. La cuestión es que la norma va a disparar los costes de producción y los precios de productos como el chocolate, el café o la carne, todo ello bajo la amenaza de fuertes sanciones a las empresas importadoras.
Además, países como Brasil y Argentina, grandes proveedores de materias primas agrícolas, denunciaron que Bruselas pretendía erigirse en una suerte de "policía ambiental mundial", cuestionando el acceso de sus productos a la UE.
Durante la negociación de la semana pasada, la Eurocámara se fracturó: el Partido Popular Europeo y los grupos de derecha apoyaron la flexibilización, mientras que socialdemócratas, liberales y verdes no lograron pactar una posición común, dejando vía libre a un acuerdo menos restrictivo.
Un año extra para todos
Según el texto pactado, todas las empresas dispondrán de un año adicional para adaptarse. Los grandes operadores deberán cumplir la ley a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras que los pequeños operadores y microempresas lo harán desde el 30 de junio de 2027.
También se introduce un cambio importante: la declaración de diligencia debida recaerá únicamente en las empresas que introduzcan productos por primera vez en el mercado comunitario, no en todos los operadores posteriores. Además, se reducen significativamente las obligaciones para microempresas y se excluyen los productos impresos.