España comparte abogados con Putin y replica su estrategia para evitar el cumplimiento de sentencias de arbitraje internacional en suelo estadounidense. Según ha podido saber Libre Mercado, uno de los bufetes reclutados por el gobierno de Pedro Sánchez para completar distintas tareas referidas a los laudos de las renovables ha sido contratado también por el Kremlin para frenar un procedimiento iniciado contra Rusia ante la justicia del país norteamericano y valorado en 250 millones de dólares.
El cruce resulta esclarecedor del tipo de estrategia legal que viene siguiendo España a la hora de evitar el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito del arbitraje internacional, ya que el mismo despacho que ha reclutado la Administración Sánchez litiga a las órdenes de Moscú para evitar que la justicia de Estados Unidos ejecute un procedimiento por la expropiación de empresas ucranianas radicadas en la zona de Crimea que Putin ha anexionado tras su invasión.
Esta situación ha quedado expuesta tras una vista celebrada recientemente ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde el bufete en cuestión, Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle, defendió abiertamente que Rusia goza de inmunidad soberana y no puede ser obligada a satisfacer laudos de arbitraje dictados contra sus acciones de gobierno. Dicho de otro modo: los argumentos legales esgrimidos por Sánchez para impagar los laudos de las renovables son ahora invocados por el Kremlin para intentar saltarse la ejecución de las indemnizaciones otorgadas a compañías ucranianas.
Los jueces del tribunal mostraron dudas sobre la tesis rusa, centrada en que los inversores no podrían acogerse al tratado bilateral de inversión entre Ucrania y Rusia por haberse realizado las inversiones cuando Crimea era "indiscutiblemente territorio ucraniano". La corte apuntó a que ese argumento afecta a la extensión del tratado y no a la existencia de un acuerdo de arbitraje, un matiz relevante en la aplicación de la excepción a la inmunidad soberana. Próximamente se espera una decisión definitiva al respecto por parte de los magistrados.
Mientras tanto, Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle mantiene un papel central en los litigios internacionales en los que está inmerso el Estado español por los recortes a las primas a las energías renovables. El despacho ha estado involucrado en varios procedimientos como, por ejemplo, el del caso Infrared, una compañía a la que nuestro país debe un pago total de 28,2 millones de euros en concepto de indemnización por la retirada retroactiva de las primas renovables, amén de 6,9 millones más por acumulación de intereses de demora a raíz de los impagos del Ejecutivo socialista. También participó en el caso JGC, un litigio que se saldó con una victoria definitiva de la corporación nipona y el único pago hasta la fecha de una de las veintiocho sentencias de arbitraje condenatorias para España.
La coincidencia de encargos a Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle se enmarca en el incumplimiento reiterado de laudos internacionales por parte de España y Rusia, un asunto que ha generado controversia por situar a nuestro país a la par con regímenes autoritarios como el que encabeza Vladimir Putin. A este respecto, vale la pena señalar que nuestro país ha superado tanto a Rusia como a Venezuela en el ranking de incumplimientos de sentencias de arbitraje internacional, con el consecuente impacto económico derivado de la inseguridad jurídica resultante.