La banca europea ha puesto en marcha una movilización sin precedentes para situar la simplificación regulatoria y supervisora en el centro de la agenda económica de la Unión Europea. No es para menos: ofrecer al sistema financiero un marco regulatorio que le permita competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo e impulse la financiación al sector productivo y a las administraciones es vital para el futuro de Europa.
La Asociación Española de Banca (AEB) acaba de lanzar una campaña digital que subraya que simplificar es condición indispensable para impulsar el crecimiento y la competitividad del continente. Es parte de una iniciativa europea coordinada por la Federación Bancaria Europea (EBF) que, bajo la etiqueta #SimplifyToStrengthen —#SimplificarParaCrecer en su versión española—, reclama un marco normativo más claro, proporcionado y coherente con los desafíos estructurales de la UE.
Durante la última década, Europa ha construido un sector bancario extraordinariamente sólido. Hoy los bancos cuentan con más capital, más liquidez y una mayor capacidad de absorber pérdidas. Esta fortaleza se ha puesto a prueba en momentos de tensión: desde la pandemia y los episodios de inestabilidad financiera hasta un contexto geopolítico incierto. La resiliencia del sistema financiero europeo es indiscutible.
Pero, en paralelo, la UE ha configurado un entramado regulatorio cada vez más extenso y complejo. La superposición de normas globales, europeas y nacionales ha generado duplicidades y ha ralentizado procesos esenciales para la financiación de la economía real. Según el análisis de la Federación Bancaria Europea, entre 2,7 y 4,1 billones de euros permanecen hoy inmovilizados en buffers y decisiones supervisoras. Recursos que, de estar disponibles, habrían permitido financiar las grandes necesidades de Europa en transición ecológica, transformación digital o seguridad y defensa.
El debate está en el centro de la Unión Europea. El 12 de diciembre está previsto que el Ecofin apruebe unas conclusiones que instan a simplificar y racionalizar la regulación financiera europea, poniendo el foco en eliminar cargas innecesarias y mejorar la coherencia del marco prudencial. Es una señal política clara de que la UE comparte el objetivo de reforzar la competitividad de su sistema financiero sin renunciar a la estabilidad. Una línea de acción que converge con las recomendaciones de Mario Draghi y Enrico Letta, cuyos informes han situado en el centro del debate europeo la urgencia de revitalizar la competitividad, profundizar el mercado único y reorientar el uso del capital hacia actividades que generen crecimiento y fortalezcan la autonomía estratégica de la UE.
Las propuestas del sector avanzan precisamente en esa dirección. La banca ha presentado un paquete de 24 recomendaciones dirigido a instituciones y organismos competentes. Entre ellas destacan la racionalización del marco prudencial, la eliminación de solapamientos regulatorios y la revisión de determinados colchones de capital que no se corresponden con estándares internacionales o cuyo uso se considera excesivo. En supervisión, se plantea la necesidad de favorecer respuestas más eficientes ante los nuevos riesgos y dar mayor estabilidad y proporcionalidad a los requerimientos de capital que dependen de decisiones supervisoras caso por caso, garantizando que la interpretación supervisora esté alineada con la voluntad del legislador.
Una de las líneas de trabajo que sugieren diversos expertos es la posible evolución del modelo de supervisión bancaria en Europa. En este contexto, ha surgido la propuesta de incorporar, de forma complementaria y siempre subordinada a la estabilidad financiera, un objetivo específico de competitividad en el mandato del supervisor europeo, siguiendo el precedente del Banco de Inglaterra. Este enfoque permitiría avanzar hacia un marco más proporcionado y coherente con la necesidad de que la banca siga financiando el crecimiento en un entorno global cada vez más exigente.
El objetivo no es desregular. Se trata de mejorar el uso del capital y de evitar que la acumulación normativa acabe penalizando la capacidad de la banca para apoyar a familias, pymes y sectores estratégicos. Una regulación más eficiente liberaría recursos que podrían destinarse a financiar la transición energética, la digitalización y las inversiones que exigen la autonomía estratégica y la competitividad europeas.