El Gobierno sigue presumiendo de desempeño económico y el Banco de España abona esa tesis al elevar sus previsiones de crecimiento del PIB para 2026 hasta el 2,2%. Por otro, la realidad contable empieza a imponerse: el organismo regulador ha lanzado una seria advertencia sobre el desequilibrio de las cuentas públicas, señalando directamente al aumento del gasto en pensiones y a la subida salarial de los empleados públicos como los principales responsables de que el déficit no solo no baje, sino que repunte a medio plazo.
La herencia de Escrivá contra la gestión de Escrivá
Resulta paradójico que el informe, firmado bajo la dirección de un José Luis Escrivá cuya cercanía al Gobierno de Pedro Sánchez es de sobra conocida, contenga una crítica tan nítida a la política fiscal del Ejecutivo. El informe admite que, aunque los ingresos públicos seguirán creciendo —gracias al constante incremento de la presión y la cuña fiscal por la puesta en marcha en estos años de cerca de 100 nuevos impuestos o subidas de los ya existentes unidos a la no deflactación de la tarifa del IRPF, que literalmente significa que Hacienda aprovecha que los españoles nos empobrecemos más para incrementar su recaudación de cada uno de nosotros— todo este esfuerzo recaudatorio será devorado por el gasto estructural.
El Banco de España es taxativo: el incremento de los ingresos se verá "compensado totalmente" por los mayores desembolsos en pensiones y en la remuneración de los asalariados públicos. En la práctica, el Estado está drenando más recursos de la economía privada para sostener un sector público cada vez más costoso.
Un déficit al alza y el "adiós" a las reglas de Bruselas
El dato más preocupante aparece en el horizonte de 2027. El regulador ha revisado al alza la previsión de déficit hasta el 2,5% del PIB, dos décimas más de lo previsto anteriormente. La causa es concreta: la concentración de la subida de sueldo de los funcionarios. Según David López Salido, director general de Economía del organismo, este factor por sí solo incrementará el agujero fiscal en 0,4 puntos porcentuales.
Esta deriva sitúa a España en una posición comprometida ante la Unión Europea. El informe alerta explícitamente de una "desviación de la senda de gasto comprometida con Bruselas". Si en 2025 y 2026 el Gobierno aún tiene cierto margen de flexibilidad, en 2027 ese margen se agota, dejando a España vulnerable ante posibles sanciones o la exigencia de recortes drásticos por parte de las autoridades comunitarias.
Inflación: más alta y durante más tiempo
Las noticias tampoco son halagüeñas en los precios. El Banco de España ha empeorado sus perspectivas de inflación para 2025 y 2026, situándolas en el 2,7% y 2,1% respectivamente. Esta revisión al alza se debe a una dinámica inflacionaria más resistente de lo esperado y al impacto de la negociación colectiva.
En definitiva, el diagnóstico del regulador dibuja una España que crece por el incremento del gasto y la inmigración, pero que gasta por encima de sus posibilidades reales. La "fiesta" del gasto público, sustentada en la subida de pensiones y sueldos de la administración, amenaza con asfixiar la consolidación fiscal y dejar al país sin margen de maniobra ante futuras crisis, mientras el contribuyente ve cómo sus mayores aportaciones vía impuestos y cotizaciones se destinan íntegramente a cubrir el aumento del gasto político y social del Gobierno.