Durante los últimos meses, la Unión Europea ha empezado a dar marcha atrás en algunos de los pilares regulatorios más ambiciosos —y más controvertidos— impulsados por Ursula von der Leyen durante la pasada legislatura. Lo que durante años se presentó como un proyecto coherente y expansivo de intervención económica, sostenibilidad obligatoria y armonización regulatoria empieza ahora a mostrar grietas evidentes. No se trata de una ruptura frontal, sino de un desgaste progresivo: normas que se diluyen, calendarios que se posponen y exigencias que se reinterpretan a la baja.
El cambio responde a una combinación de factores. Por un lado, la fatiga regulatoria de empresas y Estados miembros, cada vez más explícita. Por otro, un giro político en Bruselas, con nuevos equilibrios parlamentarios y un Partido Popular Europeo que empieza a mirar más hacia ECR y Patriots que hacia los socialistas y los verdes. A ello se suma la influencia de gobiernos nacionales que, como el de Giorgia Meloni, han decidido plantar cara a la deriva intervencionista y empujar una agenda más pragmática, orientada a la competitividad y al crecimiento.
El resultado es un proceso de desmontaje silencioso del andamiaje regulatorio de Von der Leyen, que afecta de lleno a su legado político.
El retroceso climático: el tabú de 2035 empieza a caer
Uno de los primeros símbolos de este repliegue se ha producido en la política climática. Bruselas ha reconocido que la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2035 ya no es un dogma inamovible. La Comisión ha abierto la puerta a revisar plazos y condiciones, asumiendo implícitamente que los objetivos fijados bajo el paraguas del Pacto Verde resultan difíciles de sostener sin dañar gravemente a la industria europea.
El giro no es casual. Varios Estados miembros —con Italia a la cabeza— han venido alertando del impacto sobre el empleo, la inversión y la competitividad. A ello se suma la presión de sectores industriales clave y un contexto internacional mucho menos complaciente con las políticas climáticas maximalistas. El resultado es un ajuste que no se presenta como rectificación ideológica, pero que vacía de contenido uno de los grandes emblemas del mandato de Von der Leyen.
La CCDDD: de norma estrella a aplicación descafeinada
Otro de los pilares que empieza a tambalearse es la Directiva de diligencia debida en sostenibilidad (CCDDD), una de las regulaciones más intrusivas del paquete verde. Concebida para extender la responsabilidad legal de las empresas a toda su cadena global de suministro, la norma ha generado un rechazo creciente tanto dentro como fuera de la UE.
Hoy, dentro de la propia Comisión ya se trabaja en una reinterpretación mucho más flexible del texto: menos controles, menor exposición jurídica y una reducción sustancial de las obligaciones reales. La CCDDD no se deroga, pero se transforma en algo muy distinto de lo que fue anunciado. De nuevo, el patrón se repite: grandes objetivos retóricos, aplicación práctica cada vez más limitada.
La norma de deforestación: el Parlamento cambia de bando
La regulación contra la deforestación importada es otro ejemplo ilustrativo. Diseñada para imponer controles estrictos a productos procedentes de terceros países, la norma se ha encontrado con una resistencia política creciente en la Eurocámara.
Aquí el cambio es especialmente significativo. ECR y Patriots han logrado arrastrar al Partido Popular Europeo hacia una posición crítica con el texto, rompiendo la tradicional alianza con socialistas y verdes. El Parlamento se encamina ahora a una postura más laxa incluso que la del Consejo, en un movimiento impulsado con especial insistencia por Italia. El efecto práctico es claro: otro retroceso de la agenda ambiental de Von der Leyen, esta vez por un cambio explícito de mayorías políticas en Bruselas.
La TED y el malestar por la deriva recaudatoria
La llamada Tobacco Excise Directive (TED) se ha convertido en otro foco de contestación. La propuesta, que grava de forma especialmente dura productos de reducción de daño como el vapeo, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina, es percibida como una combinación de intervencionismo sanitario desequilibrado y afán recaudatorio.
El malestar no se limita a los Estados miembros. El hecho de que parte de la recaudación se destine directamente al presupuesto comunitario ha reforzado la percepción de una Comisión que utiliza la regulación como vía para expandir su poder fiscal y político. La TED se ha convertido así en un símbolo de los excesos de una agenda que empieza a encontrar resistencias incluso dentro de las instituciones europeas.
Un proyecto que se desgasta desde dentro
En conjunto, estos movimientos dibujan una tendencia clara. El proyecto regulatorio impulsado por Ursula von der Leyen no se derrumba de golpe, pero entra en una fase de erosión constante. Las normas siguen en pie sobre el papel, pero pierden fuerza, coherencia y ambición a medida que cambian los equilibrios políticos y se acumulan las resistencias.
Bruselas no renuncia al discurso verde ni a la retórica de la sostenibilidad, pero empieza a aceptar —tarde— que el intervencionismo regulatorio tiene costes económicos y políticos difíciles de asumir. El resultado es un desmontaje gradual del andamiaje que definió la pasada legislatura. Un proceso silencioso, pero profundo, que marca el principio del fin del proyecto más ideológico de Von der Leyen.