Tengo a medio Twitter revolucionado por las noticias que dicen que "Países Bajos pone fin a la pensión garantizada y marca el camino en Europa". Los unos porque se han quedado en el titular y piensan que a los holandeses les van a quitar su pensión pública de un día para otro (no); los otros porque recuerdan los cientos de artículos escritos sobre un modelo que ha sido una referencia (lo sigue siendo; en mi opinión, uno de los mejores del mundo); y los de más allá porque se preguntan cómo nos afectará esto a nosotros (poco, es más una señal que otra cosa).
En realidad, la noticia tiene ya varios años, que es cuando se aprobó la media. Ahora simplemente estamos ante el fin del período transitorio. Por supuesto, los jubilados holandeses (los de ahora y los del futuro) van a seguir cobrando su prestación. El cambio no deja de ser una cuestión técnica (importante, eso sí), que apenas toca las bases del modelo neerlandés para hacerlo más sostenible.
Lo primero, sí es cierto que el sistema de pensiones en los Países Bajos aparece en muchos ránkings como uno de los mejores del mundo, por su rara mezcla de sostenibilidad y suficiencia (es decir, paga pensiones elevadas sin generar un problema constante de tensión fiscal). También es verdad que está basado en un tres pilares: el primero es una pensión básica de reparto ligada a los años cotizados (complementada con una prestación no contributiva para los que no llegan al mínimo de la contributiva) y con una cuantía asociada al salario mínimo y no a lo que cobraba el trabajador durante su vida laboral. El segundo pilar, que es el más importante para la mayoría de los trabajadores, gira en torno a planes de pensiones de empleo: ahorro colectivo, sectoriales o empresariales, y que garantiza una prestación ligada al salario que recibía el trabajador antes de su jubilación. La tercera pata descansa sobre los planes de pensiones individuales como los que tenemos en España.
Lo que se está modificando ahora es el segundo pilar. Durante años, casi todos los planes de empleo eran de los llamados "de prestación definida": es decir, el compromiso del empleador era garantizar a sus empleados una prestación que se calculaba en función del salario (a veces, los salarios de los últimos años; en otros planes, el salario medio durante toda la carrera). Como saben bien en los países con estos modelos de prestación definida: son esquemas muy queridos por los trabajadores, pero están sometidos a una cierta inestabilidad. Si los rendimientos de los fondos o la esperanza de vida no marchan en la dirección prevista, puede generarse tensión financiera. A partir de ahora, los planes de empleo serán "de aportación definida": es decir, lo que cuenta es lo que ahorra cada trabajador (con aportaciones también de su empleador) y la prestación se calcula en función de lo cotizado y de los rendimientos generados con ese ahorro.
En los dos casos (en lo que había hasta ahora y en el nuevo sistema), los planes de empleo implican ahorro y capitalización. Por eso el modelo ha sido tan sostenible en el tiempo. Es decir, hay ahorro real y fondos puestos a trabajar. Lo que cambia es el método de cálculo de la prestación, más ligado ahora a la realidad de cada trabajador y de la rentabilidad obtenida por los fondos; y no ligado a un cálculo basado en el salario que puede sobrecalcular la capacidad del fondo para cumplir con todas sus obligaciones. En resumen, que pensiones (y muy buenas) había antes y seguirá habiendo: pero, para los nuevos jubilados, el sistema de cálculo de la prestación cambia.
El mito de la "garantía"
Visto desde España, este cambio no nos dice nada. Bueno, un poco de envidia sí te da. Pero no tanto por la medida que da pie al titular (lo de las "pensiones garantizadas" que tanto revuelo ha ocasionado) como por el conjunto del modelo. Primero, un sistema que mezcla reparto y capitalización; en el que hay cotizaciones, pero también ahorro real; y que incluso siendo mucho más sostenible y menos costoso para el contribuyente que el español, es capaz de reformarse cuando es necesario para garantizar que las promesas pueden pagarse. Una reforma que aparentemente es negativa para el trabajador (a todos nos gusta que nos garantizaran una pensión equivalente a un porcentaje del salario, pase lo que pase y vivamos los años que vivamos), pero que en realidad le protege, porque hace el modelo más estable y sostenible.
A partir de ahí, poco que podamos sacar en claro. Aquí este tipo de sistemas mixtos que incluyan esquemas de capitalización-ahorro ni están ni se les espera. Hemos puesto todos los huevos en la cesta del modelo de reparto. Y, además, lo hemos hecho con un cálculo extraordinariamente generoso: Jesús Fernández-Villaverde publicaba en los últimos días un paper en el que señalaba como la rentabilidad financiera garantizada a los pensionistas españoles es muy superior a la que que se deriva del crecimiento de las últimas décadas; es decir, que en términos actuariales el sistema no es sostenible. Por eso, el creciente peso de las transferencias y los préstamos del Estado para pagar las prestaciones: con las cotizaciones no da (ni dará).
Pero sí me interesa más lo de la "garantía". Desde que hace treinta años ya se creará el funesto Pacto de Toledo, la obsesión de los partidos españoles ha sido "garantizar" a los pensionistas que seguirían cobrando, pasase lo que pasase. De hecho, por ahí va la trampa de la famosa "hucha" de las pensiones: que ni es una hucha ni garantiza nada. O las leyes para ligar la revalorización de las prestaciones al IPC. El mensaje siempre es el mismo "no os preocupéis, lo vuestro está protegido".
Cuando uno mira lo que hacen los países medianamente responsables con esto, es más consciente de la peligrosísima apuesta que hemos hecho. Las pensiones no están garantizadas ni nada lo está. Ni con un sistema de reparto ni con uno de capitalización. El futuro es incierto. La clave es si pones las probabilidades a tu favor o no. Por supuesto, que haya una ley que dice que lo están no significa que la seguridad de que se pagarán sea mayor. En un sistema de reparto, como el que tenemos en España, cualquier euro de dinero público que se abone en 2026 dependerá de los impuestos que se recauden y del resto de partidas que se sufraguen con esa recaudación. ¿Se pueden "garantizar" las pensiones del próximo año? Por supuesto. Alguna vez he dicho que se podrían incluso duplicar: sólo hay que meter la tijera en otros capítulos del presupuesto. Cierra todos los colegios públicos y echa al 50% de los policías y los guardias civiles: ya tienes para doblar las pensiones. No se extrañen por esta comparativa, porque esto es más o menos lo que llevamos haciendo desde hace quince años: no gastar más en nada que no sea pensiones. A ver si se creen que las listas de espera o los trenes que se quedan parados en mitad de la nada son sólo culpa que nuestros ministros o consejeros son unos pésimos gestores. Lo son; y, además, no tienen presupuesto.
Por el otro lado de la garantía, los ingresos, pues más de lo mismo. Una cosa es que hagas predicciones con unos ingresos crecientes año a año; y otra es que esas predicciones se cumplan: que nunca haya recesiones, que los salarios sigan subiendo, que a los empleados de alta cualificación no se les hinchen las narices por lo que pagan...
Por eso, por muchas leyes, garantías, golpes en el pecho o eslóganes, todo depende de si hay dinero en la caja. Y por eso, el día que haya que haya recesión que lleve a una caída de la recaudación y vuelva la tensión a los mercados de deuda soberana (como pasó entre 2010 y 2012, tampoco hablamos del siglo XVIII) habrá que recortar. ¿Dónde? Pues lo normal, será que en el capítulo más importante del presupuesto. Y si no lo hacen, casi peor, porque eso querrá decir que siguen su carrera hacia ninguna parte, con más impuestos y dejando el resto del presupuesto en los huesos. Los que no me crean, que miren a los griegos y la cara que se les quedó cuando les metieron un 40% de tijeratazo a sus pensiones. Les aseguro que a ellos también les habían dicho que estaban "garantizadas".