Miles de víctimas de la llamada inquiokupación contienen la respiración estos días a la espera de que el Gobierno confirme si puede convalidar o no el polémico decreto antidesahucios creado en 2020 y cuya enésima prórroga aprobó en el último Consejo de Ministros antes de Navidad. El pleno debe celebrarse antes del próximo 24 de enero y, a priori, tanto Junts como PNV parecen rechazar una medida que lleva casi seis años arruinando la vida de propietarios de toda España que se ven condenados a mantener a sus inquiokupas mientras el Estado elude la que, en todo caso, debería ser su responsabilidad. Sin embargo, una vez más, Sánchez ha decidido apostar por un decreto ómnibus, por lo que las víctimas se temen lo peor.
"Unos hacen la trampa, mezclando este decreto con medidas populistas, y otros se aprovechan de ella, pero para nosotros es crucial", dice David, un propietario de Granada que lleva, no 6, sino 9 años sin poder echar a sus okupas; un auténtico récord y todo un calvario para una familia que no solo padece las consecuencias económicas, sino también las psicológicas.
"La deuda asciende a unos 60.000 euros pero, efectivamente, ya no es únicamente el daño económico que me están generando. Yo también tengo una familia, tengo dos hipotecas y es la impotencia de no encontrar solución, de no poder hacer nada, de simplemente tener que esperar a que pase el tiempo y de que en algún momento decidan dejar de prorrogar este maldito real decreto y de trasladarnos a nosotros ese escudo social, porque yo entiendo que las personas no tienen que vivir en la calle, pero para eso está el Estado, para intentar defenderlas y para intentar darles cobijo, no para trasladar el problema a personas que somos meros trabajadores, porque yo soy un trabajador, no soy ni un fondo de inversión, ni soy un rico heredero ni nada de eso. Yo tengo una situación muy complicada", denuncia indignado.
El origen de sus problemas
Su historia se remonta al año 2014. Por aquel entonces, David había decidido invertir en una segunda vivienda, pensando en su futuro, y decidió alquilársela a un hombre que se fue a vivir allí con su pareja. El precio, a pesar de tratarse de un chalet de dos plantas, irrisorio para los precios de hoy en día: "Se lo alquilé por 370 euros, porque mi intención no era hacerme rico, sino poder ir pagándolo para tener una ayuda cuando llegara mi jubilación". Los primeros años no hubo ningún problema, pero cuando la pareja rompió, la mujer se quedó allí con sus dos hijas sin comunicarle nada y dejó de pagar.
En 2017, David, que en aquel momento tampoco conocía la intrahistoria de la pareja, optó por denunciar al hombre, la persona con la que había firmado el contrato. Sin embargo, la sentencia le absolvió, instándole al propietario a pedir responsabilidades a la que, de facto, se había convertido en su inquiokupa. Así lo hizo, pero, entre unas cosas y otras, el caso se fue dilatando y la esperada sentencia que por fin le daba la razón no llegó hasta 2020, con lo que, después de tres años batallando, David se vio literalmente atrapado por el decreto antidesahucios; un decreto que se aprobó para no dejar a nadie en la calle durante la pandemia del coronavirus y que, seis años después, continúa vigente sin ninguna justificación.
¿Vulnerable o jeta?
Con todo, David lleva 9 años ya manteniendo a una inquiokupa que hoy tiene 36 años y que se niega a buscar trabajo. "Una de las veces que hablé con ella, antes de que mi abogado me lo prohibiera, me dijo que es que ella lo que quería era trabajar en el sector de las Telecomunicaciones, pero es que ni siquiera estaba estudiando algo de eso. Es decir… A mí me gustaría ser registrador de la propiedad, pero es que no siempre se puede tener lo que se quiere. Y el problema aquí es que ella no quiere tener trabajo, porque, hoy en día, una persona joven y que quiera, puede trabajar en la hostelería o donde sea", defiende.
La clave, según David, es que, por culpa del Gobierno, cuando los inquiokupas valoran esa posibilidad, se dan cuenta de que no les interesa trabajar: "Piensa que ella tiene dos hijas y ya cobra más de 1.000 euros del Estado por el Ingreso Mínimo Vital y las ayudas a los menores. No paga alquiler, no paga luz, no paga agua, no paga ningún tipo de suministro… Es decir, que, al final, está ganando más que si estuviera trabajando, con lo cual, lo que se está promoviendo es que la gente no trabaje.
Y frente a esta cómoda situación, el constante quebradero de cabeza de los propietarios. "Yo estoy pagando el IBI, estoy pagando la hipoteca, estoy pagando todo, porque si no, a mí sí me embargan", dice David entre la rabia y la desesperación; un sentimiento que comparten miles de personas que, como él, han decidido unir sus fuerzas en la llamada Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO).
"La inmensa mayoría, más del 95%, somos trabajadores y pensionistas con una única vivienda, que lo que estamos haciendo es intentar buscar la manera de tener una mejor jubilación o una ayuda en el día a día. Hemos pagado nuestros impuestos y no hemos hecho nada mal, simplemente nos han traspasado un problema que no es nuestro y del que el Gobierno no es capaz de hacerse cargo", denuncia. Aunque lo que más le duele, como a tantos otros, es que la izquierda directamente niegue su existencia, amparándose en unas estadísticas que no contemplan la inquiokupación.
Mensaje al Gobierno y sus socios
Precisamente por eso, tanto David como el resto de las víctimas que luchan bajo el paraguas de la PAO reclaman al Gobierno y a sus socios que reflexionen y pongan fin a este "decreto maldito" que, además, perjudica a aquellos que necesitan una vivienda en alquiler. "Ellos mismos están generando un problema en este sentido, porque al final nadie va a poner su vivienda en alquiler —advierte—. Nosotros somos miles de personas que en cuanto recuperemos nuestras casas no las vamos a volver a sacar al mercado. La gente no quiere alquilar sus viviendas porque tiene miedo de no cobrar y de verse en esta situación que, insisto, ya no es que te arruine económicamente, es que te destroza la vida".
Aun así, son conscientes de que, al menos una parte de la izquierda más radical nunca va a entrar en razón. Y, como muestra, un botón: "Yo fui al Parlamento de Andalucía invitado por la consejera de Vivienda a explicar el problema y los diputados de Podemos se levantaron y se fueron. No quisieron ni escucharme, tuvieron la desfachatez de no mirarme a la cara. Y eso es una vergüenza, porque son gente a la que yo también les pago el sueldo… Qué menos que me escuchen y que atiendan a un problema que es evidente que estamos teniendo muchos ciudadanos".
Precisamente por eso, su esperanza está puesta en Junts y PNV. Su voto será crucial una vez más. El año pasado, los de Puigdemont hicieron que decayera durante unos días y, aunque, en unos días el Gobierno consiguió aprobar uno nuevo, hubo algunos ciudadanos que lograron echar a sus inquiokupas.
David lo intentó, pero, en su caso, la Justicia no llegó a tiempo. Ahora, tanto él como miles de ciudadanos de toda España contienen la respiración ante un debate que para algunos grupos políticos no es más que una moneda de cambio pero que, para ellos, es la única oportunidad de recuperar lo que es suyo.