El dogmatismo climático ha llegado ya a las zonas rurales y pequeñas capitales de provincia. Ya no se esgrime como único argumento para poner en marcha medidas de restricción de la movilidad la concentración de población, que motivaron la aplicación de las zonas de bajas emisiones. Ahora, con el único argumento de cuidar la calidad del aire, los habitantes de pequeñas poblaciones también podrán verse afectadas por estas restricciones. Este es el caso de Soria, donde se está avanzando en la aplicación de una nueva zona de bajas emisiones.
ZBE en Soria
La ciudad de Soria contará con una zona de bajas emisiones. A pesar de la escasa población de la capital soriana, el Ayuntamiento socialista está empeñado en aplicar estas restricciones a la movilidad en el municipio. De acuerdo con la prensa local, el consistorio ya ha abierto una consulta pública durante el mes de enero en la que los vecinos de la capital castellana podrán aportar sus sugerencias al respecto. De este modo, a pesar del rechazo expresado por PP y Vox, el PSOE trata de justificar su iniciativa por el supuesto deber de conservar y proteger la calidad del aire.
Medios locales explican que, aunque por su población Soria no está obligada a contar con una zona de bajas emisiones, desde el Ayuntamiento defienden que esta medida "constituye una prioridad conforme a su ambición y compromiso con la transición ecológica, por contribuir a acelerar la transición hacia modos de desplazamiento más sostenibles y eficientes". Además, sostienen que esta iniciativa también contribuye "a reducir la contaminación ambiental, a reconfigurar los espacios públicos a favor de las personas, mejorando y preservando la calidad del aire y la salud pública y avanzando por la senda del progreso social y económico en la lucha contra el cambio climático".
Asimismo, según los medios locales, esta zona de bajas emisiones se aplicará sobre una superficie de 356.886 metros cuadrados y una población residente de 5.157 personas. Para ello, se primará el acceso de los vehículos de motor considerados menos contaminantes. A este respecto, desde el Ayuntamiento defienden que, por tratarse en su mayoría de una zona peatonal, la implementación de esta medida no supondrá grandes cambios para la población.
Lo cierto es que, ya en el mes de octubre, una veintena de cámaras que controlarán el tráfico en esta zona de bajas emisiones, dentro del Casco Histórico de la ciudad, ya habían sido instaladas y permanecían sin funcionar hasta la aprobación de la ordenanza para su regulación. Concretamente, según informan medios locales, estos dispositivos son cámaras de entorno y de reconocimiento automático de matrículas, que se han colocado en distintas ubicaciones.
Una medida sin justificación
En junio de 2024 el Ayuntamiento de Soria anunció la licitación de un contrato por 453.300 euros destinado al "diseño, suministro, instalación y puesta en marcha y aseguramiento del correcto funcionamiento de la instalación durante el período de garantía del sistema que permita la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Soria". Así, en el anuncio de formalización del contrato, publicado en noviembre de 2024, se detallaba cómo, finalmente, se adjudicó a la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas.
Al respecto, el documento detalla cómo en el contrato se incluyen los sistemas de control de acceso, las pantallas de visualización, la red de telecomunicaciones, el equipo y material para telecomunicaciones, los sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad, los trabajos de instalación eléctrica, los paquetes de software y sistemas de información, los sistemas y servidores de información, los servicios de desarrollo de software y los servicios de configuración de software, siendo el plazo de ejecución de 6 meses.
Sin embargo, resulta especialmente curioso que se ponga en marcha esta medida en una ciudad que no está obligada a implementarla. De acuerdo con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, las ciudades de más de 50.000 habitantes, así como las localidades de más de 20.000 habitantes que "superen los valores límite de los contaminantes", han tenido que implementar las conocidas como zonas de bajas emisiones antes de 2023.
Pero Soria cuenta con una escasa población. Como podemos comprobar a continuación, los datos ofrecidos por el INE en relación con la población de la ciudad de Soria, muestran que en el año 2025 el municipio cuenta con 41.025 habitantes. De esta forma, la población de Soria, capital de la provincia del mismo nombre, es mucho menor que la de otros municipios españoles, sobre todo en provincias como Madrid o Cataluña, que no son capitales de provincia.
Naturalmente, este hecho ha llamado la atención a los usuarios de redes sociales, que además han querido destacar cómo Soria no solo no es un gran núcleo de población, sino que tampoco cuenta con grandes flujos de tráfico.
Procesando aún que quieran hacer ZBE en Soria, una ciudad que se recorre en 8 minutos en coche y poco más de media hora andando de punta a punta.
De hecho, he ido a ver con Google Maps las calles que serían ZBE y están prácticamente desiertas, muy poco tráfico. Legalmente no… pic.twitter.com/k3JksWDZTV
— B (@b_bbirddd) January 11, 2026
En consecuencia, debido a que la implementación de esta iniciativa en la ciudad de Soria no parece justificada, desde el sector empresarial también han presionado al Ayuntamiento para alertar de los efectos que podría suponer esta medida. Así, desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha solicitado en varias ocasiones una reunión con el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, "con el fin de abordar con urgencia los problemas que genera la nueva configuración de tráfico en la capital".
De este modo, desde FOES manifiestan "la profunda preocupación del tejido empresarial por el impacto estructural que las nuevas ejecuciones viales están teniendo sobre el desarrollo económico local", destacando, entre los problemas que se producirán, "el aumento de los tiempos y los costes logísticos que conllevan, los continuos desvíos de tráfico por el Polígono Las Casas y los retrasos que provocan y las dificultades de maniobra para autobuses y vehículos pesados por el diseño de las rotondas y bordillos".
Asimismo, a estos problemas la Federación añade la reducción de plazas de aparcamiento, considerando que "imposibilita que empresas de servicios puedan estacionar para desarrollar su actividad y además, está provocando que zonas que antes gozaban de dinamismo comercial, ahora estén prácticamente "muertas". Finalmente señalan que "el incremento de multas y el impacto directo en servicios esenciales", como los de Policía Nacional, Guardia Civil o Bomberos.