La tragedia ferroviaria de Adamuz, con su desolador balance de 39 víctimas mortales y más de 150 heridos, no es un capricho del destino ni un "suceso extraño", como pretende deslizar el Ministerio de Transportes. Es la consecuencia sangrienta de una política de escaparate que ha preferido el corte de cinta a la seguridad de la vía. España, que presume de tener 4.000 kilómetros de alta velocidad —superando con creces los 2.800 de Francia o los 1.350 de Italia—, ha demostrado tener pies de barro. El amasijo de hierros en Córdoba es el espejo de una gestión que ha priorizado la cantidad sobre la fiabilidad.
Las cifras son, sencillamente, escandalosas y no admiten defensa alguna. Mientras nuestros socios europeos entienden que el ferrocarril es una infraestructura que requiere cuidados constantes, el Gobierno de España ha mantenido la red con presupuestos de "supervivencia". Mientras Francia (SNCF) invierte hasta 5.500 millones de euros anuales e Italia (RFI) consolida 3.500 millones, España se arrastró durante un lustro (2015-2019) con partidas miserables por debajo de los 500 millones de euros. Es decir, España dedica al mantenimiento hasta diez veces menos que sus vecinos, a pesar de tener una red de alta velocidad mucho más extensa.
Incluso el cacareado "esfuerzo inversor" de 980 millones en 2023 es un espejismo. No nace de una convicción política ni de una planificación estratégica, sino del balón de oxígeno de los fondos europeos. Pero el dinero, por sí solo, no compra seguridad si no hay rigor. Adamuz ha ocurrido en un tramo "recién renovado". ¿De qué sirve gastar 700 millones en una renovación si la infraestructura resultante presenta los "baches, garrotes y descompensaciones" que los maquinistas ya denunciaron desesperadamente el pasado mes de agosto?
La advertencia de los profesionales fue clara y, sin embargo, cayó en el vacío de los despachos de Adif. Se reportaron deficiencias graves en la Línea 010 (Madrid-Sevilla) y la respuesta fue la inacción. Hoy, el ministro Óscar Puente califica de "extraño" que un tren descarrile en una recta; lo que es verdaderamente extraño, e intolerable, es que un Gobierno ignore las alertas técnicas de quienes conducen los trenes cada día.
Estamos ante el fin del espejismo. El modelo de gestión actual ha volcado miles de millones en extender el AVE a cada rincón para alimentar el marketing político, dejando la seguridad en un segundo plano invisible. Es el triunfo de la estética sobre la ingeniería. Con el agotamiento de los fondos NextGeneration en agosto de 2026, España se enfrenta a un abismo: una red que muestra signos de fatiga extrema y un Gobierno que ha demostrado ser incapaz de garantizar la calidad de las obras que licita.
Adamuz no puede cerrarse con una simple investigación técnica. Exige una depuración de responsabilidades políticas al más alto nivel. No se trata solo de cuánto se invierte, sino de la falta de rigor en la supervisión de lo que se construye. El mantenimiento es un gasto invisible hasta que ocurre la catástrofe; hoy, ese "ahorro" en las cuentas del Estado lo estamos pagando con vidas humanas. La política ferroviaria de la última década no solo ha descarrilado en Adamuz; ha quebrado la confianza de los ciudadanos en su sistema de transportes.