España se enfrenta a un problema estructural que amenaza con dinamitar su competitividad y la sostenibilidad de su sistema económico: la explosión del absentismo laboral. Lo que tradicionalmente se ha intentado presentar bajo el paraguas de la conquista social o el derecho del trabajador se ha revelado, según el análisis del economista José María Rotellar, como una "picaresca disfrazada" que lastra la productividad y desincentiva la inversión.
Las cifras que arroja el escenario actual son alarmantes y reflejan una tendencia peligrosa. España ha pasado de un promedio de 80 horas de ausencia por trabajador al año en 2019 a superar las 114 horas en 2025. Este incremento no es una estadística aislada, sino un síntoma de un sistema que penaliza al cumplidor y ofrece escasas herramientas de control frente al abuso. El coste total de esta lacra, según estimaciones recientes vinculadas a este análisis, asciende a un agujero de hasta 81.600 millones de euros, una cifra cuatro veces superior a la que el Gobierno reconoce en sus cuentas oficiales. Si se suman los días perdidos, el resultado es demoledor: el país pierde el equivalente a más de 1,2 millones de empleos anuales en horas no trabajadas.
Mientras que en países como Alemania, Países Bajos o Dinamarca existe una ética del trabajo entendida como un compromiso cívico y profesional, en España se ha consolidado un modelo donde el trabajador que abusa del sistema encuentra amparo en una legislación laxa y en un discurso político que estigmatiza al empresario. Sectores clave como la limpieza (10,7% de absentismo) o los cuidados (9,2%) muestran tasas que hacen casi imposible una gestión eficiente.
La conclusión es clara: ninguna economía puede sostenerse sobre el "simulacro" y la renuncia a la responsabilidad individual. El absentismo no es un problema exclusivo de las empresas, que soportan el coste directo de la ausencia y la pérdida de operatividad, sino de toda la sociedad. Al reducir la producción y encarecer los servicios, se frena el crecimiento del PIB y se limita la capacidad de generar verdadera prosperidad.
Si España aspira a una recuperación sólida y no sostenida artificialmente por el gasto público, debe abordar con urgencia la reforma de un sistema de bajas que actualmente parece diseñado para la picaresca. Sin un cambio en la cultura del esfuerzo y una normativa que proteja la viabilidad de las empresas, el país seguirá condenado a una mediocridad económica que, a la larga, terminará por devorar los propios derechos sociales que dice defender.