El título que encabeza estas líneas es escueto, pero por ello, poco propicio a interpretaciones contradictorias sobre su contenido. Hasta el más lego en la materia, antes de adentrarse en su contenido, supondría que estamos ante un solo bien —el trabajo—, del que —el salario— es la consecuencia de su ejecución; ambos se pactan simultáneamente entre las partes —empleador y empleado, o empresario y trabajador—.
Cosa distinta es que aquella voluntad contractual, la prestación de un trabajo a cambio de un salario, encierre, como suele ser el caso, grandes incógnitas muy desigualmente repartidas.
Por un lado, el trabajador comienza la prestación de su trabajo bajo el supuesto de que, realizado este o transcurrido el tiempo pactado de ejecución, recibirá la remuneración pactada —salario, emolumento, compensación...— como recompensa a su esfuerzo o al resultado de su tarea.
Por otra parte, cuando pactaron los contratantes, el empleador suponía que la ejecución del trabajo por el empleado/trabajador contratado sería la acordada en tiempo, forma y eficiencia, bajo cuyas premisas se había acordado la retribución —salario, jornal...—.
Siendo esto así ¿por qué el Ministerio de Trabajo... dedica todo su tiempo y capacidad regulatoria a establecer y condicionar el salario, sin mención alguna a la prestación y eficiencia? Mucha intervención salarial y escasa atención productiva.
Es más, cabría preguntarse si acaso al Ministerio de Trabajo le compromete el trabajo como tal, el trabajo como derecho humano del trabajador, el trabajo como actividad humana productiva o, por el contrario, esta magnitud no pasa de tener una dimensión meramente estadística.
Porque, del paro como lacra, ni llega a mencionarse, utilizando vericuetos para su encubrimiento, como "fijos discontinuos" para albergar la desocupación. Las estadísticas europeas (EUROSTAT), bien lo sabe y así lo advierte en sus publicaciones. ¡Qué vergüenza!
Además, ¿qué piensa el Gobierno —ministra de Trabajo... y ministra de Seguridad Social...— del absentismo laboral? Quizá el concepto les resulte tan remoto que lo consideren uno de tantos bulos para la inestabilidad. ¿Se han molestado, acaso, en leer la versión preliminar del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)? Porque no es baladí que las bajas por supuesta enfermedad (enero-noviembre de 2025) le hayan costado a la Seguridad Social —es decir, a todos los españoles— 17.913 millones de euros, su mayor gasto presupuestario tras las pensiones, además de la pérdida productiva de 1,5 millones de trabajadores.
Algo habrá supuesto para este desacato la posibilidad de que los trabajadores no estén obligados a entregar los partes de baja, de confirmación y de alta a la empresa, para que se tramiten telemáticamente entre la Seguridad Social y aquella (año 2023).
Y qué decir de los obsequios del Gobierno a los trabajadores, mostrando su generosidad con recursos de todos, como el derecho al cobro del cien por ciento de la base reguladora sin cotización previa desde 2024; o la prórroga automática de 180 días tras haber agotado el primer año de baja, sin alta médica.
Con semejante estructura de derechos, parece incomprensible que alguien esté dispuesto a trabajar; quien trabaje mostrará la honestidad de los trabajadores a pesar de los desmanes del gobierno.