El Gobierno insiste en que el nuevo sistema de financiación autonómica hará que todas las comunidades ganen. Sin embargo, cuando se desciende al detalle y se introduce una variable clave —quién paga realmente el coste del sistema— el relato oficial se desmorona.
El mapa que se presenta a continuación, elaborado por el profesor Santiago Calvo para la Universidad de las Hespérides, no toma solamente en cuenta los recursos adicionales que recibiría cada comunidad con el nuevo modelo, sino que va un paso más allá. Así, el saldo que aparece asignado a cada territorio recoge la diferencia entre esos recursos extra y la parte del coste total del sistema que cada comunidad debe asumir, ponderada según su capacidad fiscal. Es decir, el ejercicio realizado no se limita a mostrar cuánto se reparte, sino quién lo financia.
El resultado es inequívoco: el nuevo modelo no es neutro. Genera ganadores y perdedores claros. Así, Madrid experimenta una caída en su financiación de 97 euros por habitante, casi en sentido inverso de los 92 euros per cápita que corresponden a Cataluña.
Además de Madrid, se sitúan en terreno negativo País Vasco (-446 euros per cápita), Cantabria (-314), Castilla y León (-300), Galicia (-190), Asturias (-176) o Navarra (-136). En cambio, el saldo se incrementa, además de para Cataluña, en territorios autonómicos como Murcia (+203 euros por habitante), Comunidad Valenciana (+178), Andalucía (+92), Canarias (+50), Castilla-La Mancha (+46) y Baleares (+8).
Entender los datos
La metodología es fundamental para entender por qué este gráfico resulta tan incómodo para el discurso del Gobierno. El cálculo formulado parte de los recursos adicionales estimados por Fedea para el modelo de 2023 —unos 14.658 millones derivados del cambio de sistema, más 658 millones asociados al statu quo en vigor— y, a renglón seguido, distribuye el coste total en función de la capacidad tributaria de cada comunidad.
Esto significa que las regiones que concentran mayor recaudación —por renta, actividad económica y base fiscal— asumen una mayor parte del coste del nuevo sistema. No porque reciban más, sino porque pagan más. El saldo final, expresado en euros por habitante ajustado, refleja por tanto una realidad incómoda: lo que una comunidad recibe como beneficiaria lo financia, directa o indirectamente, otra comunidad como contribuyente neto.
Ganadores claros y perdedores evidentes
El mapa presentado muestra con claridad qué territorios salen reforzados. La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía aparecen con saldos positivos relevantes. Cataluña también figura entre las regiones que ganan recursos netos, lo que encaja con su posición central en la negociación política del Gobierno.
En el extremo opuesto, el gráfico señala con precisión a los grandes perdedores del sistema. Madrid aparece como el principal contribuyente neto, con un saldo negativo muy acusado por habitante ajustado. Cabe recordar que la región gobernada por Ayuso aporta cerca del 22 % de los ingresos tributarios totales y ya viene soportando una parte desproporcionada del coste del sistema.
Con los datos en la mano, la idea de que "todas las comunidades ganan" no se sostiene. Desde el punto de vista económico, el nuevo modelo no crea recursos sino que los redistribuye y, en su efecto agregado, propicia un trasvase de la financiación disponible, desplazando recursos de unos territorios a otros y aflorando un diferencial muy marcado entre Madrid y Cataluña.
En términos reales, muchos ciudadanos recibirán por una vía —a través de su comunidad autónoma— lo que ya han pagado por otra —como contribuyentes de la Administración central—, mientras que otros acabarán pagando bastante más de lo que reciben. Este matiz, esencial para evaluar el impacto del sistema, suele desaparecer del debate público. El gráfico de Santiago Calvo, en cambio, devuelve este tema al centro del análisis.
Por descontado, el sistema tiene consecuencias políticas de calado. Hablamos de un nuevo modelo de financiación autonómica que, lejos de suponer una modificación técnica, tiene implicaciones políticas y distributivas profundas. El esfuerzo contributivo se desvincula cada vez más de la responsabilidad fiscal y la brecha en el tratamiento ofrecido a Madrid y Cataluña va a más.