La Unión Europea ultima para 2026 dos reformas de gran calado en materia de tabaco y productos relacionados que, sobre el papel, persiguen objetivos sanitarios y de armonización del mercado interior. Se trata de la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD) y de la Directiva sobre Impuestos Especiales (TED), esta última con entrada en vigor prevista el día 28, mientras que el calendario definitivo de la TPD aún está por concretar.
La TPD endurecerá las normas sobre ingredientes, trazabilidad y presentación de los productos del tabaco y extenderá su alcance a alternativas como los vapeadores y las bolsas de nicotina. En paralelo, la TED plantea un incremento sin precedentes de la fiscalidad: subidas del 139% en cigarrillos, del 258% en tabaco de liar y de hasta el 1.090% en puros, además de nuevos gravámenes para líquidos de vapeo y bolsas de nicotina. Bruselas defiende estas medidas como una vía para reducir el consumo y evitar diferencias fiscales entre Estados miembros.
Ejemplos fuera de España
Sin embargo, la experiencia reciente de otros países europeos apunta a efectos colaterales no deseados cuando los precios se disparan y se restringen los canales legales. En Francia, tras elevar el precio del paquete por encima de los 12 euros y aplicar el empaquetado genérico, el tabaco ilegal ha llegado a representar cerca del 40% del consumo, con un impacto fiscal de miles de millones de euros. Países Bajos también ha registrado un fuerte repunte del mercado ilícito tras sucesivas subidas impositivas, mientras que en Bélgica la prohibición de las bolsas de nicotina no ha eliminado su disponibilidad, sino que la ha desplazado a circuitos informales.
Fuera de la UE, el caso de Australia es citado como ejemplo de cómo políticas extremadamente restrictivas sobre vapeo han ido acompañadas de un mercado ilícito de grandes dimensiones, con millones de dispositivos incautados y la entrada de redes criminales organizadas. Un patrón similar se observa en otros mercados donde la demanda persiste pese a la prohibición.
Inquietud en España
En España, tradicionalmente uno de los países con menor tasa de contrabando de tabaco, las señales empiezan a generar inquietud. Tras las últimas subidas fiscales, el comercio ilícito ha comenzado a crecer y ya provoca pérdidas estimadas en cientos de millones de euros al año. Las fuerzas de seguridad investigan incluso nuevas vías de introducción de tabaco ilegal, como el uso de drones en zonas sensibles, lo que evidencia la capacidad de adaptación de las redes clandestinas.
A este contexto se suma la presión internacional. La posibilidad de un aumento de envíos de vapeadores falsificados y bolsas de nicotina ilegales desde Asia, especialmente desde China, ya se ha detectado en otros países y podría intensificarse si se combinan fuertes subidas de impuestos con restricciones severas en el mercado legal europeo.
Los datos del Reino Unido ilustran la tendencia. En apenas un año, las actuaciones de las autoridades locales relacionadas con bolsas de nicotina ilegales se han duplicado, y solo en el puerto de Dover se han incautado decenas de miles de unidades en un único mes. Aunque no se trata de una serie estadística única a nivel estatal, las cifras apuntan a un crecimiento rápido del mercado ilícito cuando la regulación se endurece de forma abrupta.
Con la entrada en vigor de la TED y la futura revisión de la TPD, el debate vuelve a situarse en el equilibrio entre los objetivos sanitarios y la eficacia real de las políticas fiscales y regulatorias. La experiencia comparada sugiere que, si el encarecimiento y la restricción no van acompañados de alternativas legales viables y de un refuerzo efectivo del control, el riesgo de expansión de productos sin control sanitario ni fiscal deja de ser teórico para convertirse en un problema tangible.