Balón de oxígeno para los propietarios de vivienda víctimas de okupas e inquiokupas en España. El pasado martes, el Gobierno llevó al Congreso de los Diputados la convalidación del decreto ómnibus en el que volvía a mezclar medidas tan dispares como el decreto antidesahucios y la revalorización de las pensiones.
Sin embargo, a Sánchez no le salió como esperaba este nuevo intento de utilizar a los pensionistas para aprobar medidas más radicales como es la prórroga del decreto antidesahucios, que lleva en vigor desde 2020. PP y Junts votaron en contra del texto del Gobierno propiciando una nueva derrota parlamentaria para el Ejecutivo.
La intención del Ejecutivo de Sánchez era prorrogar hasta 2026 la prohibición de desahucios de okupas e inquilinos morosos (inquiokupas) considerados "vulnerables". Esa dudosa calificación de vulnerabilidad ha supuesto el secuestro de las casas de decenas de miles de propietarios en España causándoles graves daños económicos y psicológicos.
El caso de Elena
El caso de Elena es uno de estos ejemplos sangrantes que ha causado la normativa del Gobierno. Según cuenta a Libre Mercado, la mujer alquiló su piso en el municipio madrileño de Alpedrete a través de Idealista en el 2023. "Eran una familia de peruanos: madre, padre y la hija que iba a venir en un futuro. Me dan buena impresión, me enseñan los papeles que necesitaba y les alquilo el piso. Pasados dos o tres meses, empiezan a fallar con 20.000 excusas: que si no tengo, que si me han despedido... ". El inmueble tiene todas las comodidades: "tres dormitorios, piscina, cancha de tenis, de fútbol y recién reformado, que me gasté 30.000 euros en la reforma. Ellos entraron a estrenar y disfrutan de todo" explica la mujer.
Durante esos meses, la afectada se divorcia y les informa de que tiene que recuperar su vivienda en agosto de 2024. "Les aviso con meses de antelación (ellos ya me debían entre 5.000-7.000 euros de deuda), les digo que se tienen que ir, y no se van. Se quedan enquistados en ese piso manteniendo con más excusas la incertidumbre de si me pagan o no me pagan. Al final, nunca me pagaban" relata.
"Vivo con menos de 4 euros al día"
Ahora, la vulnerable es ella a pesar de tener una casa en propiedad. "Lo denuncié y sigo esperando. Mientras tanto, estoy viviendo en una habitación que me ha dejado una vecina y tengo un hijo con TDA que tiene que vivir con su padre las semanas que a mi me toca la custodia porque no lo puedo tener aquí".
A pesar de su bajo sueldo y de no cobrar el alquiler, Elena tiene que seguir costeando los gastos de la vivienda. Está arruinada. "Tengo un certificado de vulnerabilidad por los servicios sociales del Ayuntamiento de Alpedrete porque han visto que con mi nómina de 1.446 euros se me van casi 600-700 euros en pagar hipoteca, seguros, IBI y el préstamo de la reforma okupada. El resto de mi nómina es para el colegio de mi hijo, la psicoterapia de mi hijo, tengo que pagar un coche porque yo también trabajo y mis tarjetas de crédito están todas reventadas porque claro, no llego a final de mes. Vivo una media de cuatro euros diarios o incluso menos" lamenta.
"Les he rogado que se vayan. Solo me falta tirarme al suelo y besarles los pies. Les he ofrecido perdonarles la deuda y hasta darles 1.000 euros para que se vayan. Me he convertido en una propietaria indigente, que tengo que vivir de la caridad de la gente y con un menor de 13 años con un trastorno. ¿Por qué la Justicia no me ampara a mí?" se pregunta desesperada.
Una luz de esperanza
El no al ómnibus del Gobierno supone la reactivación de miles de desahucios paralizados desde 2020, aunque el Ejecutivo podría volver a intentar bloquearlos con alguna de sus tretas (el año pasado logró convencer a Junts aplicando compensaciones para los propietarios).
Eso sí, los desalojos no serán inmediatos y debido a la lentitud de la justicia en España todo apunta a que prolongará todavía un tiempo la agonía. El golpe a la seguridad jurídica y al mercado de la vivienda todavía tardará mucho tiempo en superarse.
Tras ponerse en contacto con la Plataforma de "Afectados por la ocupación y la inquiocupación", y después de que estos contactaran con su ayuntamiento, Elena recibió la llamada del consistorio de Collado Villalba "para ver qué necesitaba yo. Yo les dije que no quiero dinero, que yo lo que quiero es mi piso". Elena tiene esperanza de que la caída del decreto antidesahucios agilice la recuperación de su casa. "Que no les pidan el certificado de vulnerabilidad y que se vayan cuanto antes" implora.