Veo que Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, retuitea una noticia de El País que cifra en unos 4.000 euros por cabeza el beneficio fiscal neto que aportará cada inmigrante regularizado por el Gobierno.
Regularización: el beneficio fiscal neto es de hasta 4.000 euros por persona. Vía @el_pais https://t.co/LgTRZDJXDD
— Elma Saiz (@SaizElma) January 28, 2026
Y como siempre en estos casos, me pregunto si alguien ha pensado realmente cuáles son las consecuencias reales de este razonamiento. Porque el argumentario del Gobierno, desde el lunes, está centrado en este punto: la regularización disparará el crecimiento económico y la recaudación impositiva. Vamos, la cuadratura del círculo: integras en el país a quien hasta ese momento estaba en situación irregular (con los riesgos y los problemas que eso supone) y además ayudas a cerrar el agujero del Presupuesto público. De hecho, si es tan buena, lo primero que uno piensa es que por qué no abren una convocatoria para que vengan 800.000 personas más y a lo mejor entramos en superávit.
El problema, y de ahí lo peligroso, es que es muy complicado pensar en el tema más de 10 minutos seguidos y no ver que hace agua por todos lados. Puede haber otros argumentos interesantes para la regularización: asumir como legal una realidad que está en la calle; apelar a la justicia de la medida; rejuvenecimiento del país, algo que puede dar réditos a medio-largo plazo; necesidades de mano de obra en sectores de baja cualificación… Y con cada uno de ellos se puede abrir un debate complejo: económico, social, político, cultural o demográfico.
Pero la tesis fiscal es la peor. Porque es de una falsedad evidente. Todos los estudios que han analizado la materia de verdad, en profundidad, coinciden: el saldo fiscal neto de los inmigrantes de baja cualificación es negativo. Y no en un ejercicio en concreto, sino a lo largo de toda su vida. No de todos, por supuesto: habrá quien prospere y termine pagando más impuesto que los servicios públicos que consume. Pero sí de la mayoría. Hemos citado en el pasado los cálculos que hicieron los daneses (aquí, artículo de The Economist); y es menos conocido, pero quizás más completo, el análisis que hicieron varios economistas holandeses (aquí, el informe completo) en su país.
En los dos casos, las cifras son contundentes: los inmigrantes de países del tercer mundo y con un perfil de baja cualificación-formación son receptores netos desde un punto de vista fiscal. Y por mucho. En el caso holandés, el saldo acumulado (desde que se instalan en el país hasta que fallecen) llega a superar los 300.000 euros negativos para ciertas regiones (África subsahariana, algún país de Asia Central…). Es verdad que esa cifra es la más elevada, pero ya les digo yo que un vistazo al mapa del informe te deja claro que la media para los recién llegados desde países del Tercer Mundo es muy negativa.
Lo increíble es que el Gobierno intente refutarlo. Porque haciéndolo está poniendo en cuestión la clave de bóveda de su esquema ideológico: la capacidad redistributiva del Estado del Bienestar español.
Quizás quien mejor ha analizado estas cifras ha sido Fedea, que cada año publica un informe (por cierto, el de este año debe estar a punto de salir, porque normalmente llega en los primeros días de febrero) al respecto. No sobre la inmigración, sino sobre como es nuestro suma-resta en función de nuestros ingresos (aquí la edición de 2025, con datos de 2022). El reparto es el que, más o menos, podríamos imaginar:
- Si estás en el primer cincuenta por ciento de la distribución (percentil del 1 al 50; la mitad de los hogares con ingresos más bajos), el saldo fiscal te sale positivo. Es decir, negativo para Hacienda. Te pagan más, vía prestaciones y servicios, de lo que aportas vía impuestos.
- Del 50 al 70, podríamos decir que lo comido por lo servido. Fedea divide a la población en quintiles, pero por las cifras del tercer quintil (40-60) y del cuarto (60-80) se intuye que más o menos estamos ahí. Para este colectivo, el saldo fiscal es más o menos neutro. Dependerá de tu situación personal, de los servicios públicos que consumas, de si estás en el percentil 51 o el 69. Pero resumiendo mucho, podríamos decir que ésta es la horquilla en la que la cuenta es, aproximadamente, equilibrada.
- A partir del 70, salvo excepciones, el saldo es a pagar para el contribuyente. Es decir, aporta más vía impuestos (a partir del percentil 85-90 muchísimo más) de lo que recibe del Estado. Y no hablamos de millonarios, que estarían en el 99,9 y más allá, sino de profesionales de nivel medio y medio alto. Un par de sueldos en casa de 30.000-32.000 euros brutos y puedes estar perfectamente en esos percentiles del 70 en adelante.
Todo esto ya lo sabemos. Ni siquiera es objeto de demasiado debate. Es cómo está montado el sistema. De hecho, en ocasiones he visto a miembros del Gobierno tirar de estas cifras u otras similares para defender que la redistribución en España funciona bien. Los que menos ganan, obtienen más; los que más ganan, son los que pagan.
Y ahora volvamos a los inmigrantes. ¿De verdad nos está diciendo Elma Saiz que los 600.000-800.000 regularizados (veremos la cifra final) van a ser contribuyentes netos? ¿Qué están en los percentiles 70-80, o más, de la distribución de ingresos? ¿Qué sus hogares se situarán entre los que más ganan de España? Porque la sensación, intuitiva pero muy real, es que más bien será al contrario: la gran mayoría estarán en el primer o segundo decil de la muestra (y no sólo en el momento de la regularización).
Es evidente que lo que dice Saiz no tiene ningún sentido. Y no para un economista que se lea todos estos informes, sino para cualquiera con un mínimo de sentido común que vea la realidad que le rodea. Como decía antes, podríamos usar otros argumentos, desde el laboral al impacto demográfico a medio plazo. El primero es delicado, porque lleva también rápidamente a preguntarse por el efecto en los salarios: más competencia, sueldos más bajos, sobre todo en la parte inferior de la distribución. Y remite a uno de los problemas de la economía española: sólo ganamos competitividad vía costes y en sectores de bajo valor añadido. Pero al menos hay parte de verdad en que es por ahí por donde estamos creciendo y mantener controlados los costes laborales puede ser una ayuda. También puedes decir que hay sectores con carencias de mano de obra y la inmigración puede ser una forma de remediarlo.
Incluso, hay un debate interesante entre los economistas sobre los efectos agregados en el conjunto de la actividad. El argumento sería algo así, los inmigrantes ocupan puestos de trabajo que no se cubrirían en otro caso; y eso genera actividad económica que, a medio plazo, puede compensar el desequilibrio fiscal inicial de cada nuevo residente. Es decir, que los contribuyentes de más renta y cualificación se benefician de los bienes y servicios que han producido los recién llegados (y que si no estuvieran tendrían que pagar más caros o no estarían disponibles). Y esa ganancia compensa lo que se pierde por otro lado. Sinceramente, me parece casi imposible que el saldo final sea positivo para cierta tipología de inmigrante (baja cualificación, país muy pobre, con complicaciones para establecerse de forma sólida en el mercado laboral...) Y no lo digo por decir: si el saldo fiscal individual es tan malo como apuntan la mayoría de los estudios, tendría que haber muchos (demasiados) efectos de segundo orden como para equilibrar la balanza.
Lo que el ciudadano de a pie ve es que este colectivo sí es una competencia real en los servicios públicos (de la sanidad a la educación). Que eso tiene un coste. Y que es complicado que alguien con ingresos muy bajos genere lo suficiente vía impuestos para pagarlos.
Con un añadido en el que tampoco parece que nadie ha pensado. Si la principal razón es fiscal… pues escojamos siguiendo ese criterio. Es decir, a los que tengan saldo positivo, se les permite entrar. A los que no, se les niega la regularización. ¿De verdad el Gobierno quiere entrar en ese debate?