El amor ya no es ciego ante la gestión de los activos económicos. Según los últimos datos del Consejo General del Notariado, España cerró el ejercicio 2024 con más de 67.600 capitulaciones matrimoniales, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este fenómeno refleja un cambio de paradigma en la sociedad española, donde la previsión legal se impone al romanticismo tradicional para evitar conflictos futuros en caso de ruptura o fallecimiento.
Del total de acuerdos notariales suscritos, el 92% corresponden a la elección del régimen de separación de bienes. Aunque el código civil establece el régimen de gananciales por defecto en la mayor parte del territorio nacional, los ciudadanos optan cada vez más por blindar su patrimonio previo y las herencias futuras. Carmen Pérez-Pozo Toledano, abogada y CEO de Grupo Pérez-Pozo, sostiene en el programa Km0 que abordar esta cuestión con la "antelación debida" es fundamental para construir una relación basada en la "transparencia" y el acuerdo mutuo.
Protección frente a terceros y riesgos empresariales
La elección de las capitulaciones no responde solo a un posible divorcio, sino a la protección del núcleo familiar frente a riesgos externos. En un entorno económico volátil, la separación de bienes permite que las deudas contraídas por uno de los cónyuges en su actividad profesional o empresarial no afecten al patrimonio del otro ni a la vivienda familiar si esta está debidamente inscrita. La experta destaca que estos pactos son herramientas de gestión patrimonial que aportan seguridad jurídica al proyecto común.
La planificación como garantía de paz familiar
La intervención de profesionales de la economía y la psicología en este proceso subraya que la gestión del dinero es una de las principales causas de fricción en las parejas. Establecer las reglas del juego antes de formalizar la relación permite, según Pérez-Pozo, proteger no solo los bienes materiales, sino también la estabilidad emocional de los firmantes. La tendencia alcista en las notarías confirma que la sociedad española prioriza hoy la seguridad patrimonial sobre la inercia legal del régimen de gananciales.