El intervencionismo sobre el mercado de la vivienda ha alcanzado el punto de que se ha llegado a sancionar a un propietario por supuestamente discriminar a los inquilinos por motivos raciales. De este modo, el control que ejerce el Estado sobre este sector sigue incrementándose. Ya no solo se limita el porcentaje de actualización de las rentas de los alquileres o se prohíbe desahuciar a los inquiokupas, sino que también se impide que los propietarios puedan escoger libremente a qué personas les alquilan su inmueble.
¿Racismo inmobiliario?
El pasado lunes el Observatorio Desca anunció que la Oficina de Igualdad de Trato y No-Discriminación (OITND) de la Generalidad de Cataluña ha impuesto una sanción de 10.001 euros contra una agencia inmobiliaria de Mataró "por un caso de racismo inmobiliario en el acceso al alquiler". De hecho, de acuerdo con esta orgsnización, esta es la primera sanción de estas características. Según este organismo, que ha colaborado con el denunciante, un vecino de Mataró, Hamid, ha denunciado a 13 agencias inmobiliarias por haber impedido que alquile una vivienda.
Según el Observatorio, "la mayoría de estas denuncias se archivaron después de haber atravesado un laberinto burocrático de las administraciones públicas –en el cual 9 de las denuncias prescribieron–". Del mismo modo, Desca explica que, gracias a su labor, "la OITND abrió en septiembre del 2025 los primeros expedientes administrativos sancionadores contra el racismo inmobiliario encubierto por parte de agencias inmobiliarias".
De acuerdo con lo expuesto por esta organización en un comunicado, concretamente en este caso, tras no haber logrado que le alquilaran una vivienda, este vecino de Mataró pidió a un compañero de trabajo que preguntara por un mismo piso al que le habían negado el acceso. "En el caso de Hamid, la agencia inmobiliaria le informó que "ya estaba alquilado" un día y medio después de haber hecho la solicitud para irlo a ver; por el contrario, al compañero le llamaron inmediatamente después de presentar la solicitud, le informaron que el piso seguía disponible, le detallaron los requisitos económicos necesarios para poder alquilar la vivienda y concertaron una visita al inmueble", asegura Desca al respecto.
Pero es más: según este Observatorio, fue Hamid quien acudió a la visita que había concertado su compañero de trabajo para pedir explicaciones. Así, el organismo detalla que Hamid preguntó si los propietarios no querían alquilar su inmueble a personas de origen marroquí. Al respecto, Desca sostiene que el administrador de la agencia inmobiliaria admitió que esto era cierto. En este sentido, el Observatorio defiende que "la resolución de la OITND reconoce que los hechos denunciados consisten en un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por motivos étnico-raciales y/o por origen".
Asimismo, Desca recuerda que Provivienda publicó el año pasado un informe en el que se detalla que el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan instrucciones discriminatorias por parte de clientes. En cambio, en el año 2020 este porcentaje se situó en el 72,5%. De acuerdo con el estudio, "el aumento de la discriminación no solo se limita a la disponibilidad de los pisos, sino que también incluye a la oferta de viviendas en zonas específicas, generando procesos de segregación residencial y promoviendo zonas con mayor dificultad de acceso para las personas migrantes, especialmente extracomunitarias".
Sin embargo, lo cierto es que este tipo de intervenciones supone un atentado contra la libertad de los propietarios. ¿Por qué no pueden decidir los propietarios de los inmuebles que salen al mercado del alquiler a quién desean dejar su casa? En el fondo, estos precedentes suponen un freno que desincentiva la llegada de nueva oferta a un mercado que, de por sí, ya está saturado.