Una de las noticias más leídas esta semana en Libre Mercado es aquella que nos informa de que "Sánchez gasta 18.866 millones de euros en pagar el IMV a más de 3 millones de subsidiados" (de mi compañera, Beatriz García). En las redes sociales, pelean los que celebran el dato como un éxito del Gobierno; y los que señalan en la dirección contraria (cómo va a ser algo a celebrar que haya más de tres millones de pobres en nuestro país).
Es un debate lógico, que acompaña al Ingreso Mínimo Vital desde que se aprobó la medida, hace ya cinco años. En realidad, es una discusión que está ahí casi siempre que sale a colación cualquier prestación del Estado del Bienestar. Por un lado, podemos pensar en que menos mal que existe esa prestación; por el otro, debemos preguntarnos si el objetivo real no debería ser su desaparición por falta de potenciales beneficiarios; por último, la cuestión más peliaguda: ¿estamos creando una estructura, burocrática y de subsidiados, que se sirve a sí misma y que crece por el propio hecho de existir?
Alrededor de esta cuestión y del informe que la semana pasada publicaba la AIReF al respecto (aquí todos los documentos, para el que quiera más detalles) surgen cinco preguntas fundamentales que, sin embargo, no están demasiado presentes en nuestra conversación pública. Cada una de ellas apunta a un riesgo que nuestro Gobierno ha decidido ignorar, no está claro si porque no se lo ha planteado o porque ha preferido mirar para otro lado:
1. El coste actual… y el futuro
Según podíamos leer hace unas semanas, el coste anual del IMV se acerca actualmente a los 5.800 millones de euros.
Parece una cifra accesible: no queremos sumarnos a la Doctrina Chiqui ("esos son 2.000 millones de euros de nada"), pero es evidente que 6.000 millones no son una partida menor, pero tampoco arrasarán con el Presupuesto.
Pero la clave no es ésa. Sino el coste total que puede llegar a suponer el IMV. Para empezar, la AIReF nos recuerda que "más de la mitad de los potenciales beneficiarios aún no acceden a la prestación", bien por la gestión burocrática de la misma (no logran acreditar su condición) como por ignorancia. Lo normal sería que esto fuera corrigiéndose, porque los que puedan cobrar tienen mucho interés en solucionar uno y otro agujero.
El segundo factor tiene que ver con la coyuntura económica. La realidad española, para el ciudadano medio, es mucho menos bondadosa de lo que el Gobierno quiere hacernos creer (lo del cohete y todo lo demás); pero también es obvio que no estamos en una recesión.
Por eso, la pregunta es: si con un 40-45% de cobertura y en un momento de expansión, nos cuesta 6.000 millones, ¿qué pasará cuando la cifra se acerque al 100% de potenciales beneficiarios y, además, esto se una al enfriamiento de la economía? ¿A cuánto ascenderá la factura?
2. La trampa de la pobreza y el empleo
Cualquier subsidio como el IMV tiene un riesgo asociado evidente: que el que lo cobra se acomode en el mismo. La lógica debería ser la contraria: que la prestación sea un trampolín para integrarse en el mercado laboral. ¿Se está logrando? Parece que no. De nuevo, un textual de la AIReF:
A estas limitaciones de diseño iniciales se suman otras debilidades que han ido emergiendo a lo largo de los años. Destaca el impacto negativo que el IMV está teniendo en la participación laboral que acentúa la necesidad de reformular el incentivo al empleo.
A este efecto contribuyen dos factores. Por un lado, ese diseño de la prestación del que habla la AIReF (no hay ningún mecanismo para empujar al receptor hacia un empleo); por el otro, el mercado laboral del sanchismo que se caracteriza por una enorme compresión en los niveles salariales más bajos. Es decir, entre la subida del SMI y la falta de crecimiento de la productividad, cada vez más trabajadores tienen sueldos cercanos a ese mismo SMI. Y sí, son esos puestos los que podrían ocupar los receptores de la ayuda. ¿Cobrar 1.400 del IMV o trabajar por 1.600? Para algunos trabajadores poco cualificados, ésa puede ser una pregunta demasiado fácil de responder.
3. Tensión social
El tercer riesgo tiene mucho que ver con lo que apuntamos en el epígrafe anterior y con el éxito de la noticia que encabezaba esta columna. Desde hace años, los expertos han analizado cuál es el efecto en la cohesión social de este tipo de ayudas. Y lo han hecho especialmente en los países más generosos: las socialdemocracias del norte de Europa. Las conclusiones son claras: debe haber un cierto consenso en que los que se ven beneficiados de la ayuda pública están en esa situación por una necesidad real y que no están trampeando al sistema.
La idea sería algo así: "No me importa pagar impuestos para sufragar una medida social, siempre que sepa que el que la cobra no se está aprovechando de mí. Hoy por ti, mañana por mí". ¿Problema? Esto funcionó durante décadas en sociedades como las nórdicas de los años 50-60-70: cohesionadas, homogéneas, con penalización social hacia el tramposo que iba más allá de la retirada de la ayuda, con control indirecto de vecinos y familiares (que miraban con desconfianza a quien no cumplía con la norma social no escrita, aunque sobre el papel si se ajustaba a los requisitos legales), etc…
En los últimos años, se ha escrito mucho sobre si las nuevas tendencias sociales (vivimos más aislados unos de otros) y demográficas (sobre todo, inmigración) no están rompiendo con este esquema. No es algo menor. Si la confianza de los que pagan se resiente, es muy complicado que el modelo funcione. La pregunta es: ¿resiste el IMV la prueba del algodón del fraude? Y no hablamos de fraude sólo en el sentido de incumplimiento legal, sino de fraude moral: de ni siquiera intentar salir de ese estado.
4. Efecto llamada
De esto se está hablando mucho con relación a los inmigrantes. Y sí, claro que es un incentivo muy poderoso. Las cuantías del IMV son bajas (736 euros al mes para un adulto; 1.174 euros al mes para un adulto con dos menores; 1.394 euros para dos adultos y dos menores), pero en la comparación con la situación que se vive en muchos países del Tercer Mundo pueden ser una mejoría notable a nivel individual. En este sentido, la exigencia de tener un año de residencia en España para acceder al IMV es una barrera, pero también un incentivo: tras doce meses desde la llegada de alguien a nuestro país, esta prestación es universal.
Pero nosotros no apuntamos sólo al efecto llamada de los que vienen de fuera de España. En nuestro país, el IMV también puede funcionar como un poderoso incentivo a dinámicas perversas: desde el trabajo en B (cobro por la puerta de atrás y complemento con IMV que sólo tiene en cuenta lo oficialmente declarado) a la ruptura oficial de unidades de convivencia para maximizar el ingreso total (dos padres con dos hijos cobrarán mucho más si dicen que no viven juntos).
Y un apunte: estas cifras son bajas vistas desde Madrid o Barcelona. En muchos puntos de la España rural, especialmente si uno vive en un inmueble propio (o que no le genere coste; por ejemplo, inmueble de los padres) pueden ser más que interesantes.
5. A la caza de la prestación
Quizás el punto en el que hay más margen de mejora. Retomamos el informe de la AIReF:
El IMV se configuró desde el principio como una prestación poco integrada en el conjunto del sistema asistencial español. Aunque se realizaron conversiones de oficio desde otras ayudas, esta desconexión se ha manifestado especialmente en su relación con las rentas mínimas autonómicas, que en algunas comunidades se han replegado ante la implantación del IMV.
Apenas se ha escuchado algo en nuestro país sobre una tendencia generalizada en nuestro entorno: poner límites a la cantidad total de ayudas públicas que puede recibir un hogar. En teoría, el IMV está diseñado para situaciones sin otros ingresos y como medida de último recurso. En la práctica, la realidad no es tan clara. Como apunta la AIReF, falta una visión de conjunto, algo a lo que también ayudaría una clarificación y simplificación de los sistemas de ayuda. ¿Estamos generando un modelo para que se aprovechen del mismo los cazasubvenciones?
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Después de tres años trabajando en IBM, decidió cambiar de rumbo en su carrera profesional y se matriculó en el Máster de Periodismo de El Mundo. En este diario trabajó entre 2008 y 2009.
Desde 2010 es redactor de Economía de Libre Mercado. Presenta junto a Nuria Richart el programa La Pizarra de Domingo Soriano y el podcast Economía Para Quedarte Sin Amigos. Además, colabora de forma periódica en numerosos programas de esRadio: Tu Dinero Nunca Duerme, Economía Para Todos, Es la Noche de Dieter... Compagina su trabajo como periodista con las clases de Economía que imparte en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid