El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que admite, bien que de forma restringida, el control poblacional del lobo en España a través de la caza. El alto tribunal ha establecido que la caza de esta especie solo podrá autorizarse cuando constituya la única solución para evitar daños a la cabaña ganadera, obligando a las explotaciones a demostrar previamente que han agotado todas las medidas preventivas posibles.
La resolución ratifica el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que en 2022 anuló los permisos concedidos por el Gobierno regional para la extracción de ejemplares. La Justicia atendió entonces la demanda de la asociación conservacionista Ascel, impidiendo la gestión cinegética en una de las zonas más castigadas por los ataques del depredador.
En su argumentación, los magistrados se amparan en que la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) le otorga el "máximo nivel de protección" legal. Esto impone unas condiciones rigurosas basadas en la Directiva Hábitats de la UE que limitan drásticamente la capacidad de maniobra de las autonomías.
El Supremo advierte además de que no basta con constatar un aumento de la presencia del animal en municipios concretos para justificar batidas. Exige acreditar el "buen estado de conservación" de la especie mediante un estudio extenso que abarque todo su territorio, rechazando cualquier medida que se aplique de forma indiscriminada.
Fuentes del Ejecutivo cántabro señalan que la gestión del control volverá a manos de las comunidades tras la salida del lobo del Lespre que se aprobó en marzo de 2025. Hasta el momento, la región ha tenido que sacrificar 41 lobos bajo una orden específica ante el incesante incremento de los daños sufridos por los ganaderos.