La desconexión entre la realidad económica de los ciudadanos y las prioridades de gasto del Gobierno ha alcanzado una cota de surrealismo difícil de ignorar en la industria cinematográfica. Mientras los hogares españoles lidian con una presión fiscal asfixiante y un coste de vida al alza, el Ejecutivo ha decidido blindar —e incluso disparar— el riego de dinero público hacia un sector que, lejos de caminar hacia la autosuficiencia, parece haberse instalado en un estado de dependencia crónico y alarmante.
Los datos recientes son demoledores y dibujan el escenario de una gestión negligente de los recursos comunes. En un ejercicio de temeridad presupuestaria, el Gobierno ha incrementado las subvenciones al cine español en más de 250 millones de euros. Esta cifra, que por sí sola ya resultaría escandalosa en un contexto de necesario rigor fiscal, se vuelve injustificable cuando se contrapone con el desempeño comercial de las producciones financiadas: la taquilla ha experimentado un desplome del 25%.
Estamos ante una anomalía de mercado que solo se sostiene mediante la respiración asistida del erario público. En cualquier otra industria, una caída de ingresos de tal magnitud obligaría a una profunda reestructuración y a un cambio de estrategia para recuperar el favor del público. Sin embargo, en el ecosistema del cine español, el fracaso en las salas no se traduce en pérdidas para sus promotores, sino en una exigencia de mayores transferencias estatales. Se ha pervertido el concepto de cultura para convertirlo en un sistema de clientelismo donde el éxito se mide por la cuantía de la ayuda recibida y no por el número de entradas vendidas.
Es imperativo preguntarse por qué el contribuyente debe seguir asumiendo el coste de proyectos que, de manera sistemática, no logran suscitar el interés de la audiencia a la que supuestamente van dirigidos. Financiar con dinero público películas que se proyectan en salas vacías no es "apostar por la cultura"; es un despilfarro que detrae recursos de partidas mucho más urgentes y necesarias.
El cine español debe aspirar a ser una industria, no un apéndice del presupuesto del Estado. Mientras el Gobierno siga compensando la falta de calidad o de interés comercial con cheques en blanco de cientos de millones de euros, el sector carecerá de incentivos para renovarse. Es hora de que el cine español aprenda a competir en libertad y de que el Gobierno deje de utilizar el bolsillo de los españoles para financiar un modelo que, a la vista de los resultados, está en quiebra técnica y social.