Comprar un vaper por internet es tan fácil como añadirlo al carrito de cualquier marketplace: llegan en 24 horas desde vendedores anónimos, a menudo de países con normativas menos estrictas que la Unión Europea, sin garantía de etiquetado ni límites de nicotina. Mientras la venta física queda identificada en estancos y comercios especializados, este ecosistema digital mueve un mercado ilícito que, según Euromonitor, superó los 600.000 millones de unidades ilegales a nivel mundial en 2024. Una cifra que se espera que siga creciendo según la misma firma. En España, Tamarind Intelligence calcula que el lado oscuro del vapeo alcanza más del 30% del valor total del mercado (unos 57 millones de euros en 2025), donde el 20% de las ventas online son de origen ilícito y canales como Telegram son habituales para el comercio paralelo.
La industria del vapeo ha experimentado una expansión notable en la última década, y con ella ha proliferado un mercado paralelo que opera con una ventaja estructural: la asimetría regulatoria entre el canal físico y el digital. En las tiendas físicas, la normativa europea exige etiquetado obligatorio, límites de nicotina de 20 mg/ml y verificación de edad en el punto de venta. En los marketplaces globales, esas mismas exigencias se diluyen.
Un acceso fácil
Según un estudio publicado en febrero de 2026 por el Instituto Fraunhofer IIS, una consultora logística, casi uno de cada dos vapers que circula en Europa procede de fuentes irregulares. En términos económicos, se trata de "un volumen estimado de 6.600 millones de euros que, de mantenerse la tendencia actual de crecimiento del 8,6% anual, podría alcanzar los 10.800 millones en 2030". El análisis, que se basa en estadísticas aduaneras y cadenas de suministro, concluye que "el 90% de ese producto irregular llega desde China", donde se concentra el 72% de la producción y el 70% de los fabricantes del sector. En el estudio, Rico Back, socio director de SKR AG, señala que "lo que parece un envío inofensivo se acumula hasta conformar un mercado en la sombra de miles de millones". En Alemania, la estimación de pérdida fiscal por este tráfico en 2024 suponía unos 119 millones de euros.
El acceso a los menores es, precisamente, donde la brecha regulatoria se vuelve más preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los adolescentes tienen nueve veces más probabilidades de vapear que los adultos. El dato llama la atención: cerca de uno de cada cinco adolescentes de 15 años usó cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días del estudio publicado en 2024. Asimismo, desde la OMS recalcan que "las consecuencias a largo plazo de estas tendencias son importantes y los responsables políticos no pueden permitirse ignorar estas alarmantes conclusiones".
En una encuesta de la misma institución realizada en 37 países europeos, el 22% de los jóvenes de 15 y 16 años declaró haber vapeado con regularidad, frente al 14% registrado cinco años antes. The Financial Times recogía la declaración de la OMS en la que se apuntaba que al menos 15 millones de niños utilizan cigarrillos electrónicos.
La facilidad de acceso es un factor que los propios jóvenes reconocer. Una encuesta realizada entre 500 adolescentes entre 15 y 17 años en el Reino Unido y en Estados Unidos reveló que el 79% pensaba que la mayor parte de los jóvenes compran los cigarrillos electrónicos a través de internet y seis de cada diez afirmaba que los controles de edad son fáciles de superar, según la firma tecnológica Ike Tech. Cuando los marketplaces internacionales como AliExpress o plataformas generalistas permiten adquirir dispositivos sin ningún tipo de verificación de identidad, el marco legal vigente pierde eficacia práctica.
Falta de controles
Este vacío tiene consecuencias directas sobre la calidad de los productos que circulan. Los vapers ilegales, a menudo fabricados en mercados exteriores con estándares muy inferiores a los europeos, llegan sin los controles sanitarios exigidos por la Directiva de Productos del Tabaco. Desde un exceso de concentraciones de nicotina hasta la ausencia de advertencias sanitarias, pasando por la presencia de líquidos sin certificar.
La diferencia entre una tienda especializada donde el comprador conoce al vendedor, que aplica controles y es responsable jurídicamente, y un vendedor anónimo en una plataforma de comercio global, que opera desde una jurisdicción diferente y sin trazabilidad, define en gran medida el problema.