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Un total de 112 estudios tumban el control de alquileres de Sánchez

Menos construcción de vivienda, menos oferta, deterioro de la calidad de las viviendas reguladas y menor movilidad residencial son algunos efectos.

Menos construcción de vivienda, menos oferta, deterioro de la calidad de las viviendas reguladas y menor movilidad residencial son algunos efectos.
Málaga, España, Andalucía, barrio de Málaga, paisaje urbano, rascacielos de edificios de apartamentos urbanos. | Alamy

Pedro Sánchez ha anunciado que volverá a llevar los conocidos como "decretos Maricarmen" a la Diputación Permanente, en una nueva muestra del desprecio del líder socialista por lo decidido en sede parlamentaria, ya que el Congreso los rechazó hace menos de una semana.

Al margen de que probablemente incurra en fraude de ley, como hemos explicado aquí, estos decretos profundizan los controles de precios del alquiler que el Gobierno ya aplica con la Ley de Vivienda de 2023. Entre otras medidas, incluyen un tope del 2% a las subidas que pueden aplicar los caseros.

Insistir una y otra vez en los controles de precios va contra la evidencia empírica disponible, como ya hemos explicado en numerosas ocasiones en este medio. Existe, además, un estudio que analiza 112 trabajos sobre el control de alquileres y mide sus efectos. Se titula Los efectos del control de los alquileres desde la perspectiva de la investigación empírica: una revisión casi exhaustiva de la bibliografía, del investigador Konstantin A. Kholodilin.

La evidencia empírica desaconseja los controles

Ese paper revisa la evidencia empírica sobre el control de alquileres entre 1967 y 2023. Parte de 206 trabajos y se centra en 112 artículos empíricos publicados en revistas con revisión por pares. Esos estudios analizan políticas aplicadas sobre todo en Estados Unidos, aunque también cubren Alemania, Suecia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Noruega, Suiza, Italia, Finlandia, Bélgica, Austria y España.

Una de las principales conclusiones de este estudio, y la única que cabe considerar positiva, es que los controles de precios consiguen bajar el alquiler de quienes ya residen en una vivienda regulada. En concreto, 36 de 41 estudios publicados encuentran una caída estadísticamente significativa, con una media del 9,4%. A partir de ahí, el resto de los efectos documentados son adversos o, como mínimo, no favorecen el objetivo de la política.

La mayoría de sus efectos son negativos

Aunque baja el alquiler de quienes ya ocupan una vivienda regulada, sube el de las que quedan fuera del control. Casi todos los estudios que examinan las viviendas no reguladas encuentran alquileres más altos: al congelar o limitar el precio por debajo del de mercado aparece un exceso de demanda, y quien no puede acceder a una vivienda regulada se desplaza al mercado libre, donde esa demanda adicional empuja el precio al alza.

Por otro lado, la calidad de las viviendas reguladas empeora, porque el mantenimiento se resiente. El casero ingresa menos y tiene menos incentivos para reparar o reformar: deja que el piso se deteriore hasta que su valor real baja y se iguala con la renta regulada. Ese deterioro aparece en 15 de 20 estudios; los otros 5 no hallan efecto, y ninguno encuentra una mejora.

Menos oferta, menos construcción, peor calidad

En la construcción, 11 de 16 estudios encuentran que se construye menos vivienda. Eso encaja con la caída de la oferta: 12 de 16 estudios que la analizan concluyen que hay menos viviendas disponibles en alquiler.

Otro efecto adverso es la menor movilidad residencial. Quien tiene un alquiler bajo y protegido no se muda, aunque el trabajo esté en otra ciudad o la casa le sobre. Eso puede dar estabilidad al inquilino, pero reduce la movilidad laboral y genera un desajuste: hogares pequeños se quedan en pisos grandes y bien situados, mientras familias que los necesitan no acceden a ellos.

Así pues, los efectos negativos documentados superan con claridad al único efecto favorable. El control de alquileres sólo beneficia, y sólo en parte, a quienes ya residen en una vivienda regulada: pagan menos, pero también sufren el deterioro de esa vivienda y una menor movilidad residencial, que a su vez reduce la movilidad laboral.

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