El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere sacar adelante en los próximos meses varios proyectos en el ámbito educativo. En primer lugar, la consejería dirigida por Emilio Viciana está preparando un proyecto de Ley Maestra de Formación Profesional -que sigue la estela de la aprobada en 2022 – y que pretende blindar la FP frente a la normativa de Pedro Sánchez.
Entre otra cuestiones esta nueva ley, que se llevará a la Asamblea para su tramitación en 2024, endurecerá los requisitos para obtener unas prácticas, ya que hasta ahora las empresas se encontraban con becarios sin un mínimo de formación recayendo, en muchos casos, sobre ellas también una labor educativa.
Asimismo, se creará un programa de mentores durante el curso 2023/24 para que puedan orientar y asesorar a 170.000 estudiantes así como a futuros alumnos, empresas y trabajadores que deseen reciclarse o acreditar su experiencia laboral. Estos orientadores, que iniciaron este martes su curso formativo, comenzarán este trimestre mediante un programa piloto en 20 centros y con horario de mañana y tarde.
Objetivo: Madrid, meca de la Universidad en español
En el ámbito universitario, el objetivo es consolidar la Comunidad de Madrid como meca de dichos estudios en español. Así, se modificará el decreto de precios públicos para que los estudiantes que procedan de países de Hispanoamérica abonen las mismas tasas en las universidades públicas que españoles y otros estudiantes de países de la Unión Europea, lo que supondría una rebaja de hasta el 85% respecto a lo que les cuestan actualmente sus matrículas.
De esta manera, un hispanoamericano que quiere estudiar Medicina en la región sin ser residente pagará 1.240 euros por curso frente a los 8.180 anuales que abona en la actualidad, mientras que si se decanta por Historia el coste será de 1.015 en vez de los 6.822 actuales. Esta medida también se aplicará a los másteres habilitantes: por ejemplo, en el caso del de Ingeniería de Telecomunicaciones abonarán 1.165 euros cuando ahora pagan 9.288.
Según los datos disponibles, se estima que el programa hoy beneficiaría a 2.800 estudiantes fundamentalmente procedentes de Colombia, Perú, Ecuador, México y Chile y la previsión es que con este incentivo el número aumente en los próximos años. Desde la consejería de Educación subrayan que la modificación no supondrá una pérdida de ingresos para las universidades de la región puesto que la Comunidad de Madrid asumirá esta reducción de los precios.
En paralelo, y en la misma dirección, el Ejecutivo madrileño incluirá en su Ley de Universidades medidas para garantizar que todos los alumnos que aspiren a entrar en alguna facultad acrediten un nivel suficiente de español, especialmente para que puedan obtener las titulaciones de grado, máster o doctor.
Charlas en los colegios
Por último, pero no menos importante, la consejería pondrá en marcha Educación para la salud, un nuevo programa de charlas de prevención para la salud y la higiene en los centros educativos de Primaria (5º y 6º), Secundaria y FP.
Para la presidenta Isabel Díaz Ayuso, los nuevos problemas a los que se enfrentan niños y jóvenes son prioridad, en ello hace hincapié cada vez que tiene ocasión. Así, este programa consistirá en ofrecer – en aquellos colegios e institutos que lo soliciten- charlas impartidas por profesionales de Enfermería especialistas en Atención Primaria sobre hábitos saludables, higiene, adicciones, salud mental, drogas y hábitos alimentarios.
Para el Gobierno madrileño es "fundamental" que estas charlas las den profesionales sanitarios, siguiendo los criterios fijados en unas guías elaboradas por la propia consejería para evitar cualquier tipo de "ideología" o "ingeniería social" en sus contenidos. De esta manera, a lo largo de este curso, las consejerías de Sanidad, Familia, Juventud y Asuntos Sociales y Educación prepararán guías que definan tanto el contenido que se debe impartir como la metodología de las charlas, que se adaptarán a cada tramo de edad.
Desde la consejería aún están estudiando si estas tendrán carácter voluntario o no, pero sí quieren que lleguen al "mayor número de estudiantes posible" pues el objetivo es prevenir las adicciones entre los más jóvenes así como los trastornos alimentarios. "Las familias muchas veces no son capaces de detectarlas a tiempo o afrontarlas", señalan desde el departamento de Viciana.