El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está decidido a sacar adelante el proyecto de la Ciudad de la Justicia. De hecho, ya ha arrancado el proyecto con la redacción del anteproyecto de obras. Su construcción, en el madrileño barrio de Valdebebas, se hará a través de la licitación de un contrato de proyecto y obra y asumiendo el coste de manera directa a través de los presupuestos generales de la región.
Así, la administración regional ostentará la plena propiedad de las instalaciones y será la beneficiaria de los ingresos obtenidos por la explotación de servicios adicionales.
Se llevará a cabo en cuatro fases y supondrá una inversión total de 660 millones de euros hasta el año 2030. Pero la reunificación de las 28 sedes judiciales en Madrid permitirá un importante ahorro, de más del 50%, en los costes en servicios y alquileres, señalan fuentes de la consejería de Justicia. Y es que actualmente la Comunidad de Madrid realiza un desembolso de 40 millones anuales para sufragar el alquiler de dichas sedes, otros 30 millones se destinan a los contratos de mantenimiento y 5 millones suponen los costes asociados al consumo (luz, agua…).
La Fase 1 dará comienzo a principios de 2025, con el inicio de las obras, incluida la urbanización perimetral de 155.400 metros cuadrados, espacio en el que se ubicarán las nuevas sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de la Audiencia Provincial – dividida ahora en varias ubicaciones de la capital- y un centenar de juzgados de primera instancia -en la actualidad dispersos-. También, espacios comunes (cafeterías y áreas de descanso, entre otras), zonas verdes y un párking público de 60.000 metros cuadrados. También se crearán aparcamientos subterráneos y los servicios propios de cada área específica. Esta fase se extenderá a lo largo de 2026.
Según las previsiones del Gobierno regional, los primeros funcionarios podrán estar instalados ya allí a finales de 2026, principios de 2027. Y es que el objetivo es que la mudanza se haga de forma escalonada y ordenada.
La Fase 2 comenzará a finales de la actual legislatura. En ella se levantarán dos edificios que albergarán el resto del Orden Civil (19 juzgados de lo Mercantil, 49 de lo Social y 34 de los Contencioso-Administrativo) con sus aparcamientos subterráneos y servicios propios.
Por último, las Fases 3 y 4 se resolverán en la próxima legislatura (2027-2031). Supondrán, según las previsiones actuales, la finalización de tres edificios para Penal (54 juzgados de instrucción, 37 de lo Penal, 11 de Violencia sobre la Mujer, siete Menores y seis de Vigilancia Penitenciaria), también con sus aparcamientos y servicios propios. Y otros espacios como Fiscalía, Archivo Judicial Territorial y otras necesidades actuales.
En cuanto al transporte, desde la consejería destacan que la ubicación ya dispone de conexiones que se ampliarán con la llegada de la línea 11 de metro y la puesta en marcha del intercambiador de Valdebebas. "Vamos a tener una Ciudad de la Justicia moderna, totalmente digitalizada, accesible y al servicio de todos los madrileños", afirmó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.
El jueves de la pasada semana, desde el PSOE pidieron explicaciones al Gobierno madrileño en la Asamblea por este asunto. "La Ciudad de la Justicia seguirá sin hacerse", vaticinaron. "Tenemos el objetivo claro, tenemos la necesidad. Somos conscientes de que hay que agrupar los 374 órganos judiciales que hoy están repartidos en 28 edificios. Y tenemos los terrenos, tenemos la vocación, tenemos la convicción. Y estamos trabajando en el mejor instrumento para abordar el proyecto de la Ciudad de la Justicia de una manera eficaz, eficiente y, además, a la mayor brevedad", contestó el consejero.
García aprovechó la ocasión el jueves durante su intervención para mandar un recado a los socialistas: "La Justicia no solo precisa de infraestructuras, también de recursos humanos. Le invito que me ayude y que traslade a la ministra de Justicia la necesidad de que haya más plazas de jueces y fiscales en la Comunidad de Madrid ya que estamos en una ratio inferior a otras comunidades autónomas".