La presidenta de la Comunidad de Madrid avanzó este miércoles un nuevo paquete de rebajas fiscales con un ahorro de casi 100 millones de euros para facilitar la compra y alquiler de viviendas y luchar contra la despoblación en las zonas rurales.
Entre las medidas anunciadas por Isabel Díaz Ayuso se incluye una nueva deducción en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para contrarrestar la subida de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios por residencia habitual. Para ello, se creará una bonificación del 25% sobre la diferencia entre los intereses pagados y los que se habrían satisfecho tomando como referencia el euríbor de diciembre de 2022, con un límite de 300 euros anuales, y con la condición de que el tipo de interés de la hipoteca sea variable. Se estima que esta actuación beneficiará a cerca de 450.000 contribuyentes, con un ahorro fiscal en torno a los 90 millones de euros.
Además, otra deducción de 1.000 euros en el IRPF se destinará a los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles que hayan estado en desuso al menos un año, siempre que se incorporen al mercado del alquiler con contratos de duración efectiva superior a tres años.
Medidas contra la despoblación
El Gobierno madrileño ha diseñado también un nuevo paquete de medidas fiscales para combatir la despoblación de los municipios rurales, que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes menores de 35 años a que establezcan su residencia habitual en alguno de los 73 pueblos de la región con menos de 2.500 habitantes, bien sea en régimen de compra, reforma o alquiler.
Estos incentivos contra la despoblación generarán un ahorro a los contribuyentes cercano a los 9 millones de euros y comprende, por un lado, una deducción de 1.000 euros por traslado a esas localidades en el periodo impositivo en que se produzca, siempre que se mantenga allí la vivienda habitual durante todo ese año y los tres siguientes.
Además, se incluye una nueva rebaja para estos contribuyentes en el IRPF por la adquisición o rehabilitación de su domicilio habitual, que será del 10% del precio de adquisición o reforma, con un límite anual de 1.500 euros. Junto a ello, otra bonificación del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales en caso de adquisición de un inmueble de segunda mano, como de Actos Jurídicos Documentados, en caso de que sea nuevo. Estas tres medidas podrán ser acumulables, es decir, que un joven que se traslade a un municipio rural y adquiera una vivienda, podría aplicárselas todas.
Otra de las actuaciones avanzadas por la presidenta es la creación de una línea de ayudas, con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR), para impulsar la obtención municipal de suelo y que se puedan levantar inmuebles de obra nueva o destinados a su renovación en localidades de menos de 20.000 habitantes. Esta propuesta pretende también hacer frente a la despoblación y revitalizar las pequeñas poblaciones dando oportunidades a las familias que allí se instalen.
Estos nuevos incentivos fiscales se suman a las 10 rebajas de tributos en materia de vivienda del Gobierno madrileño, que han generado hasta ahora un ahorro de 270 millones de euros. Se trata de tres deducciones en el IRPF relacionadas con el alquiler de vivienda o el pago de intereses de préstamos hipotecarios para jóvenes menores de 30 años, la bonificación de la cuota tributaria por la adquisición de vivienda habitual o la reducción de los tipos de los impuestos que afectan a la compra de una casa, como son Actos Jurídicos Documentados o Transmisiones Patrimoniales.
Plan de choque con 10 nuevas medidas
Los anuncios realizados este miércoles por Ayuso durante la reunión del Pacto Regional por la Vivienda, que se ha celebrado en la sede de la Consejería, no se han quedado ahí sino que avanzó 10 nuevas medidas de impulso en materia de vivienda 2024/25 para consolidar a la región como líder en construcción de viviendas asequibles, que "va a incrementar la oferta, aumentar el suelo edificable y flexibilizar un urbanismo que todavía es excesivamente rígido". El objetivo es seguir movilizando todos los recursos disponibles, públicos y privados, y fijar un marco regulatorio capaz de dar seguridad jurídica a ciudadanos, empresas y organismos que repercuta en un incremento de la oferta.
"Estamos haciendo un trabajo muy importante, algo que nos da derecho a reclamar que otras administraciones se sumen a la tarea de facilitar vivienda asequible en nuestra región. Creemos que la administración general del Estado también debe contribuir en la medida en la que lo hacemos nosotros, para crear un escudo fiscal estatal para la vivienda, para ser realmente competitivos", señaló Ayuso que pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que aborde "en serio el problema de la ocupación ilegal. España necesita una ley para desalojar a los ocupas en 24 horas, no en 24 meses".
"Está más que demostrado que el intervencionismo es una lacra para la economía, el empleo, el desarrollo y la inversión. Es imprescindible que los propietarios y los inversores tengan máximas garantías de seguridad jurídica para poner su vivienda en alquiler o para confiar en nuestro país a la hora de adquirir inmuebles y crear puestos de trabajo", señaló Ayuso que añadió que "no puede ser que las administraciones añadamos nuevas dificultades". "La Ley de Vivienda es nefasta y está causando entre otros muchos perjuicios la reducción de la oferta y el incremento de los precios", de hecho, "hoy lo veíamos en medios de comunicación, cómo la oferta del alquiler se ha desplomado un 70% en Madrid y un 67% en Barcelona. La brecha de la oferta y la demanda sigue aumentando los precios, advirtió.
Ante las 30 entidades que han participado en esta nueva edición del Pacto, la presidenta destacó destacado la creación de una versión plus tanto del Plan Alquila como de Mi Primera Vivienda, que se refuerzan y mejoran para atender las demandas de los ciudadanos. En el primer caso, se proponen nuevos incentivos, como ampliar a tres anualidades el seguro de impago gratuito, que era de dos para los menores de 35 y de uno para el resto. Asimismo, para movilizar pisos desactualizados, la Comunidad de Madrid pondrá en contacto a los futuros arrendatarios con empresas rehabilitadoras acreditadas.
A esto habrá que sumar el Plan Alquila Comparte, para ofrecer seguridad jurídica a aquellos propietarios que quieran arrendar pisos por habitaciones. También se mejora el programa Mi Primera Vivienda, que facilita el acceso a una hipoteca a los madrileños que no superen los 35 años, ampliando la financiación del 95 al 100% e incrementando el límite de edad hasta los 40, además de extender el beneficio a las familias numerosas o monoparentales.
Asimismo, entre las acciones legislativas previstas, destaca la posibilidad temporal de cambio de uso por dos anualidades de edificios o parcelas destinadas a oficinas que pasen a ser hogares. Esta transformación sería mediante licencia sin necesidad de planeamiento. Igualmente se dará un impulso a la promoción de viviendas en alquiler asequible, facilitando a las cooperativas el acceso a préstamos con protección pública, con aval de la Comunidad de Madrid.
Actualización de precios en protección pública
También está prevista la aprobación de un nuevo Reglamento de Vivienda con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, que redunde en un mayor volumen de actividad y permita recuperar la figura del arrendamiento con opción a compra, para dar solución a los madrileños que desean ser propietarios pero no cuentan con la liquidez suficiente para hacerlo. Igualmente, la Administración autonómica seguirá potenciando un marco regulatorio estable y transparente. En este punto, la jefa del Ejecutivo madrileño recordó la labor que desarrolla el pionero Consejo Arbitral, "un instrumento vanguardista y de referencia en la resolución de conflictos que evita acudir a la vía judicial".
Otra de las iniciativas presentadas este miércoles por Ayuso es la actualización de los precios máximos de venta y renta de vivienda con protección pública. Se trata de una medida necesaria ya que llevan congelados tanto tiempo que, de no adaptarse, puede frenar la construcción de 30.000 hogares asequibles de promoción privada en los próximos cuatro años.