La Fiscalía Provincial de Madrid trasladó a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, un ofrecimiento formal para que se declare culpable de la comisión de dos delitos fiscales.
La propuesta, que fue adelantada por El Mundo y a la que ha tenido acceso Libertad Digital, ha sido remitida por correo electrónico tras estallar el caso y ocho meses después de que el novio de Isabel Díaz Ayuso pusiera a disposición de la Agencia Tributaria un total de 400.000 euros para regularizar su situación fiscal y zanjar el procedimiento por la vía administrativa mediante una conformidad.
El email del fiscal encargado del asunto, Julián Salto, remitido a la defensa de Alberto González dice así: "Le adjunto copia de la denuncia presentada el día 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitarle el derecho de defensa. Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto. Aunque se ha denunciado también otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible. Un saludo".
La propuesta del Ministerio Público consistía en la admisión por parte de la pareja de Ayuso de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental a cambio de una multa y una pena de prisión que no implicara el ingreso en la cárcel.
No obstante, según fuentes del entorno de la presidenta madrileña, "antes de que pueda responder" la defensa de González, "la misma Fiscalía" vuelve a ponerse en contacto para informar de que "ha recibido ‘órdenes de arriba’ para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio". Este miércoles la denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid.
Antes de que estallara el caso, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo aireó en los pasillos del Senado. Eran las 17:20 de la tarde y la noticia sobre la denuncia de la Fiscalía no estaría publicada en el diario.es hasta las 21:37 horas de la noche. "Requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia", aseguró pese a que, en ese momento, no se conocía ninguna información al respecto.
Según han publicado varios medios, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitió, durante la Inspección de la Agencia Tributaria a la que ha sido sometido desde hace dos años, que incorporó como gasto de manera irregular a la contabilidad de sus empresas dos facturas correspondientes a proyectos fallidos en México y Costa de Marfil. La primera ascendía a un total de 620.000 euros y la segunda, a unos 900.0000 euros.
En ese contexto de comprobaciones tributarias, el empresario explicó que fue "un error" que atribuye a que tenía previsto abonar dichas cantidades por proyectos sanitarios en ambos países que finalmente no cristalizaron. Anuló dichos recibos en la contabilidad de ejercicios posteriores.
Además, según publicó El Español, González Amador pagó la deuda que se le requería, de 350.000 euros, antes de ser denunciado por la Fiscalía. La propia presidenta madrileña aseguró también este miércoles que "es falso que (su pareja) le deba dinero a Hacienda, es Hacienda quien le debe casi 600.000 euros a pagar por intereses". Y atribuyó esta situación a una "inspección salvaje" por su parte. Así, apostilló: "Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas ni nada como se está diciendo. Y eso será lo que trate su abogado, como es lo normal, con la Fiscalía".
A pesar de ello, Hacienda acordó finalmente el pasado mes de septiembre atribuir a González la comisión de un delito de falsedad documental y dos delitos fiscales correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. En total, le atribuye un fraude que asciende, como consecuencia de la incorporación de esas facturas, de 350.951 euros.