El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha escatimado palabras para describir la nueva tasa de residuos que, según él, ha sido "impuesta" por el Gobierno de Pedro Sánchez. En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Almeida ha calificado la medida de "sanchazo" y "sablazo", lamentando que la ciudad se vea obligada a aplicar esta normativa, que deberá estar en vigor antes de abril de 2025.
La nueva tasa de basuras, que viene a sustituir a la actual Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), se aplicará a unos 1,7 millones de inmuebles en Madrid, quedando exentos garajes, trasteros, solares y edificios en estado de ruina.
"Estamos en contra de esta tasa porque es injusta y genera inseguridad en los ayuntamientos. Pero, desgraciadamente, una ley estatal nos obliga a adoptarla", ha afirmado el alcalde, haciendo énfasis en que "no es una medida impuesta por la normativa europea", sino otro ejemplo de la "voracidad fiscal" del Ejecutivo. De este modo, ha negado que la medida sea una imposición de la directiva europea, la cual no exige de forma "imperativa" ni "obligatoria" la creación de dicha tasa.
Según los cálculos, los madrileños pagarán una media de 141 euros por vivienda y hasta 310 euros en los locales comerciales. Todo ello, a pesar de que, como ha vuelto a asegurar Almeida, "esto es una decisión exclusiva de Pedro Sánchez".
Para Almeida, uno de los impactos más preocupantes será su repercusión en los alquileres en Madrid, algo que contrasta con las promesas del Ejecutivo de frenar la escalada de precios en la capital. "No hay mayor tensión para los arrendatarios que tener que abonar esta tasa de recogida de residuos", ha denunciado el alcalde, explicando que la tasa será trasladada de los propietarios a los inquilinos, siendo el destinatario final quien genera los residuos.
Demora de su implantación hasta el límite
A pesar de la obligatoriedad de la medida, según ha explicado la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, el Ayuntamiento ha decidido demorar su implantación hasta el último momento, de manera que los madrileños no tengan que asumirla hasta 2025 -este retraso en su entrada ha permitido que no la hayan tenido que pagar ni en 2023 ni en 2024-. El 10 de abril es la fecha límite para la puesta en marcha de este "nuevo sablazo" que, según Almeida, va directamente al bolsillo de las familias.
El criterio para calcular dicho "sanchazo" se ha construido mediante la suma de una tarifa básica, que pagarán todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos, y una tarifa por generación.
Así, su cálculo estará basado en una estructura dividida en dos partes: una tarifa fija basada en el valor catastral del inmueble -un 81%- y una variable -19%- que dependerá de la cantidad de residuos generados y la calidad de su separación en cada barrio. Aparentemente, un modelo tan complicado como el "esfuerzo extraordinario" que, según el Ayuntamiento, han tenido que realizar los técnicos de la Agencia Tributaria de Madrid para hacer que todo cuadre.
En 2025, cada contribuyente recibirá una notificación sobre la nueva tasa y tendrá dos meses para pagar. En años siguientes, no se enviarán notificaciones individuales, gestionándose como el IBI. Además, se aplicará una reducción en la cuota para familias numerosas, similar a la del IBI, basada en el valor catastral de la vivienda.
Por otro lado, Almeida ha señalado que la tasa será compensada, en parte, por las medidas de ahorro adoptadas por su equipo de gobierno. "Es un ejemplo más de cómo el Gobierno de Pedro Sánchez cree que la política fiscal consiste en ahogar a las familias", ha concluido el alcalde.