647 menores a Madrid; cero a Cataluña; cero al País Vasco. Esa la asignación que ha hecho el Gobierno central en su reparto de menores extranjeros no acompañados según ha denunciado la Comunidad de Madrid, que ahora ha decidido recurrir el asunto ante el Tribunal Supremo.
El recurso, presentado por los servicios jurídicos de la región, va directamente contra el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de julio, con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez desarrolla su nueva fórmula de reubicación de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. Un decreto que, en palabras del Ejecutivo madrileño, es "forzoso, opaco" y una clara "vulneración de competencias autonómicas".
La norma impugnada —el Real Decreto 658/2025— desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que ya fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por once comunidades, entre ellas Madrid, por invadir competencias "exclusivas" autonómicas, carecer de justificación de urgencia y emplear un mecanismo legislativo "inadecuado" para asuntos reservados a leyes orgánicas.
Isabel Díaz Ayuso ha exigido además que Sánchez entregue, de manera "urgente", toda la información técnica y jurídica utilizada para diseñar el reparto entre territorios. Madrid considera el sistema adoptado como "arbitrario, opaco y discriminatorio", y sospecha que su diseño responde más a criterios políticos: "Penalizar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular y beneficiar a los socios del Gobierno central".
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, lo ve como "un nuevo peaje que ha tenido que pagar el Gobierno a los partidos independentistas". En cuanto a los menas, denuncia que "no han llegado por creación espontánea" sino "porque los ha traído el Gobierno de Pedro Sánchez".
El reparto, dicen, asigna a la Comunidad de Madrid la acogida de 647 menores, mientras que a Cataluña y el País Vasco —gobernadas por los socios de Sánchez— no se les atribuye ni uno. La diferencia de trato ha resultado en el envío de requerimientos formales a varios órganos del Estado, como la Secretaría de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el Ministerio de Juventud e Infancia y el Ministerio del Interior.
Entre los documentos reclamados figuran el número de menores no acompañados registrados por comunidad autónoma desde 2023; los criterios utilizados para calcular el reparto (población, renta, tasa de paro, ratio de plazas, etc.); la fórmula de ponderación aplicada; y los motivos técnico-jurídicos por los que comunidades como Madrid deben absorber cientos de menores mientras otras quedan exentas.