Ayuso recurre ante el Supremo el decreto de Sánchez que pretende poner coto a las universidades privadas

La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto de Universidades del Gobierno central al considerarlo "arbitrario", que atenta "contra la seguridad jurídica", por haber sido elaborado "sin ningún tipo de negociación o consenso" y por "invadir las competencias" en esta materia de las comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno tiene previsto recibir este miércoles un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma que, además, "limita injustificadamente" la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución Española.

El recurso sostiene que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado solo debe fijar la normativa básica. Sin embargo, este real decreto, según el Ejecutivo autonómico, supera ese marco básico y deja muy poco margen a las regiones para regular por su cuenta.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado octubre un decreto para "endurecer" con más exigencias la creación y el reconocimiento de universidades. Una medida que, en la práctica, pretende frenar el auge de nuevos campus privados que se han venido multiplicando en los últimos años.

La norma estatal incorpora requisitos como exigir a los centros un mínimo de 4.500 estudiantes, que el Gobierno regional considera arbitrario, y que "en ningún caso" responden al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas. Asimismo, denuncia, el proyecto ha sido tramitado con "opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas".

El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso defiende que el procedimiento para la constitución de nuevas universidades y centros universitarios en la Comunidad de Madrid establece ya controles muy rigurosos que garantizan la excelencia de los proyectos aprobados. Además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia en la que está trabajando la Consejería de Educación incorporará mejoras a estos trámites siempre en el marco de las competencias regionales.