Adiós a la burocracia eterna: la ambiciosa ley de Ayuso para hacer los trámites en cinco minutos

La Comunidad de Madrid se ha propuesto que los trámites administrativos no consuman más de cinco minutos del tiempo de los madrileños. Para lograrlo, el Gobierno regional recurrirá a la inteligencia artificial para automatizar tareas tediosas, como el rellenado de datos, la detección de errores o la generación automática de borradores.

Este objetivo forma parte de la nueva Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA) del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. El texto tiene previsto llegar a la Asamblea de Madrid para su votación entre finales de mayo y principios de junio.

Según ha detallado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, se trata de avanzar hacia una administración "más próxima, más cercana, interoperable y explicable". El consejero ha subrayado que la norma busca que "los ciudadanos puedan ver que esta ley les va a permitir que nosotros simplifiquemos como obligación".

La iniciativa persigue impulsar una administración "más moderna, accesible y eficiente", centrada en la plena digitalización de los servicios públicos y la implantación de tecnologías emergentes. Todo ello, tal y como garantizan desde el Gobierno regional, contará siempre con una supervisión humana final para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Un pilar fundamental será la identificación segura del ciudadano a través de certificados electrónicos, claves o biometría, apoyándose en proyectos como IDentifica. "En un futuro vendrá el DNI digital a nivel europeo", ha adelantado López-Valverde.

Una vez obtenido el consentimiento del ciudadano, estas herramientas permitirán agilizar procedimientos administrativos como la tramitación de subvenciones o contratos.

Para ello, el sistema empleará motores de detección automática de errores e incoherencias en las solicitudes, además de generar borradores que solo requerirán la supervisión del ciudadano o del funcionario. Asimismo, se implementarán asistentes conversacionales para resolver dudas y guiar en los trámites, lo que creará a su vez un archivo electrónico único.

La norma también regula el uso de canales como la Cuenta Digital, la aplicación que ya permite acceder a más de 170 servicios.

Además de liberar a los funcionarios de tareas repetitivas, la ley establece un modelo común para el gobierno y la gestión del dato público, asegurando la calidad, trazabilidad e interoperabilidad de la información, y promoviendo su publicación en formatos abiertos.

Presencialidad garantizada

En paralelo, se impulsará la capacitación digital tanto de ciudadanos como de empleados públicos. "Los verdaderos motores de cambio son los ciudadanos y los empleados públicos", ha señalado el consejero, destacando iniciativas como Madrid Aula Digital.

No obstante, la digitalización no supondrá el fin de la atención personal. El Gobierno regional seguirá garantizando la presencialidad a través del servicio 012 y las oficinas de Atención al Ciudadano, así como mediante oficinas móviles que acercan los trámites a los municipios.

La ley también apoyará a las pequeñas y medianas empresas en su digitalización para mejorar su competitividad, y adaptará los derechos de propiedad intelectual e industrial y el secreto empresarial a la legislación vigente.

Asimismo, la Comunidad prestará apoyo a las entidades locales para que puedan desarrollar sus propios sistemas de IA conforme a la ley, proponiendo soluciones adaptadas a cada ayuntamiento.

En materia de seguridad, se reforzará la protección de sistemas y datos mediante el desarrollo de la iniciativa Escudo Digital y políticas específicas de prevención y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

La norma apuesta por la formación continua en el uso responsable de tecnologías emergentes y refuerza el apoyo a la innovación, fomentando un ecosistema competitivo que integre a pymes, startups y universidades en la investigación en IA.

Comité de Ética

Para garantizar una aplicación ética, se creará la Oficina de Impulso a la Inteligencia Artificial y un Comité de Ética, encargados de supervisar que se respeten principios como la no discriminación y la protección de datos personales.

Esta normativa autonómica busca desarrollar el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, estableciendo un marco legal común para evitar riesgos en el uso de estas tecnologías.

El anteproyecto de Ley madrileña comenzará a circular a la Oficina de Impulso a la IA y al Consejo Asesor de Transformación Digital para que realicen sus aportaciones y posteriormente se elevará a consulta pública, paso previo a su aprobación en Consejo de Gobierno.