Lo que Mónica García no te cuenta: Cataluña depende cuatro veces más que Madrid de la sanidad privada

La sanidad catalana presenta un nivel de dependencia de la gestión privada muy superior al de la Comunidad de Madrid, en concreto, cuatro veces más, según un informe del propio Ministerio de Sanidad, un contraste que cobra especial relevancia el mismo día en que el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley que busca limitar la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud entre críticas a la gestión del PP de Isabel Díaz Ayuso.

El informe ministerial sobre la penetración de la sanidad privada sitúa a Cataluña como la comunidad autónoma con mayor externalización de la gestión hospitalaria. En concreto, más de la mitad de los hospitales públicos catalanes –el 58%– funcionan bajo fórmulas de gestión privada y la mitad de las camas disponibles para pacientes del sistema público están en manos de operadores privados. En Madrid, en cambio, esta realidad afecta a algo menos del 14% de los hospitales y a un porcentaje similar de camas.

Las diferencias no se limitan al número de centros. También se reflejan en la infraestructura asistencial: mientras en Cataluña más de un tercio de los quirófanos públicos dependen funcionalmente de la sanidad privada, en la Comunidad de Madrid este modelo apenas alcanza a una pequeña fracción del total. El documento elaborado por el ministerio de Mónica García concluye que la dependencia catalana del sector privado cuadruplica la madrileña y sitúa a Madrid en la parte baja del ranking autonómico.

Este modelo sanitario mixto en Cataluña no es reciente. Se remonta a los años noventa y ha sido mantenido por gobiernos de distinto partido político, con el CatSalut como eje de un sistema financiado con fondos públicos pero apoyado de forma estructural en proveedores privados. Actualmente, la comunidad concentra la inmensa mayoría de los conciertos sanitarios de gestión integral existentes en España.

Datos que contrastan con el anteproyecto de ley aprobado

El contenido del informe contrasta con el debate político que se ha intensificado este martes tras la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. La norma, impulsada por Sanidad, prioriza la gestión pública directa y restringe la entrada de empresas con ánimo de lucro, con el objetivo declarado de reducir la externalización de servicios y derogar el marco legal que la ampara desde finales de los años noventa.

Desde la Comunidad de Madrid, el anuncio ha sido interpretado como un ataque directo a su modelo sanitario. Tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como la consejera de Sanidad, Fátima Matute, han acusado a la ministra de utilizar la ley como herramienta política y de centrar el foco en Madrid pese a que los datos oficiales muestran una menor dependencia de la gestión privada que en otras regiones, especialmente Cataluña.

En este sentido, Ayuso ha defendido que el sistema madrileño cuenta con respaldo electoral y ha advertido del impacto del mensaje político, aunque el anteproyecto no afecte a las concesiones ya existentes.

El debate se produce además en un contexto de alta presencia del seguro sanitario privado entre la población. Cataluña vuelve a liderar este indicador, con más de un tercio de sus ciudadanos cubiertos por pólizas privadas, por delante de Baleares y Madrid.