La postura ambigua (cuando no permisiva) del PSOE con el fenómeno de la okupación ha vivido un nuevo capítulo con lo acontecido en Mejorada del Campo. Este pasado domingo, un coche de la Policía Municipal pasó la tarde-noche apostado frente a un portal concreto: el número 7 de la calle Travesía del Jubilado. Se trata del único vehículo del que disponen los agentes de este municipio madrileño. Y no se trata de un edificio cualquiera. El inmueble pertenece a la suegra del alcalde socialista, Jorge Capa. Y se da la circunstancia de que se encontraba okupado. Al parecer, el okupa quería vender el piso a otros posibles ocupantes ante la inminente llegada —prevista para el lunes— de una empresa privada de desokupación. Sí, han leído bien. Una empresa de desokupación, una de esas compañías que las terminales sanchistas demonizan cada vez que tienen oportunidad. Pues bien, en esta ocasión, para salvar los muebles (nunca mejor dicho) de la suegra del alcalde, no hubo reparos en recurrir a los métodos eficaces de este tipo de empresas. Con este contexto, desde el sindicato policial UPM denuncian que la vigilancia no fue casual ni rutinaria. Y es que los agentes identificaron a varias personas y trasladaron los hechos a la cadena de mando. La orden posterior fue clara: custodia permanente del inmueble para impedir nuevas entradas. Una orden que, siempre según fuentes sindicales, contó con el aval del propio alcalde. El resultado fue tan llamativo como revelador: durante horas, todo el municipio quedó con un solo coche patrulla dedicado en exclusiva a proteger una propiedad privada vinculada familiarmente al regidor. Si durante ese periodo largo de tiempo hubiera ocurrido algo, la emergencia tendría que haber sido atendida por la Guardia Civil.
Cacicada socialista
En el PP de Mejorada del Campo califican la acción del Ayuntamiento de "cacicada". Su portavoz Daniel Hernanz ha añadido en declaraciones a Libertad Digital/esRadio que ellos mismos "comprobaron la veracidad de los hechos tras recibir la alerta de los vecinos". Para la oposición, el episodio no es aislado, sino un síntoma de una gestión deficiente y de un uso discrecional de los recursos municipales. En este punto, el dirigente popular ha cuestionado qué habría pasado si la casa okupada hubiera sido de otro particular que no fuera la suegra del alcalde: "Nos preguntamos si la respuesta de los servicios municipales, usando la única patrulla disponible, hubiera sido la misma. Si es que no, significa que el alcalde ha usado de manera caciquil y torticera un servicio público pagado entre todos". Un servicio que por otra parte desde el PP consideran "deficitario".
Así, Hernanz ha manifestado en nuestros micrófonos que "no es lógico que haya un solo coche de la policía municipal para los 25.000 habitantes de Mejorada". Pese a contar oficialmente con unos 40 agentes —siete incorporados recientemente—, sindicatos y oposición denuncian falta de efectivos reales, turnos bajo mínimos y una constante fuga de policías a municipios con mejores condiciones. Aquí, tanto PP como VOX coinciden en que el refuerzo anunciado por el equipo de Gobierno es más propaganda que solución. Llegados a este extremo, el portavoz popular ha sentenciado que si Capa "no da las explicaciones pertinentes, pediremos su dimisión". Daniel Hernanz nos adelanta que "aquí huele a otra gestión caciquil. Una más de un alcalde socialista que utiliza la corporación como si fuera su cortijo".
El Ayuntamiento busca justificación en el protocolo
Desde el Ayuntamiento se han apresurado a desmarcarse y niegan la mayor asegurando que el parentesco "no tuvo nada que ver". La versión oficial de la noticia adelantada por el diario El Mundo habla de una llamada vecinal y de la aplicación de un protocolo preventivo decidido por la Jefatura policial. Sin embargo, la coincidencia resulta incómoda: cuando la vivienda afectada pertenece al entorno directo del alcalde socialista, la okupación deja de ser un problema complejo y pasa a ser un delito que requiere vigilancia policial constante. El relato de la izquierda vuelve a resquebrajarse cuando la amenaza de un okupa tiene una dirección concreta y hay familia de por medio.
La vigilancia por cierto terminó el lunes, cuando la empresa de desokupación logró negociar la salida del okupa. Pero la pregunta permanece: ¿habría ocurrido lo mismo si el piso no perteneciera a la suegra del alcalde?