La Comunidad de Madrid aprobó este miércoles una modificación del decreto que regula el Plan Vive para introducir nuevos criterios de acceso y ampliar el número de beneficiarios.
Según explicó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, a partir de ahora tendrán prioridad quienes acrediten al menos cinco años de empadronamiento en el municipio donde se ubique la vivienda o desarrollen en él su actividad laboral.
En segundo lugar, se situarán los solicitantes con diez años de residencia acreditada en la región, mientras que el resto de personas empadronadas quedará en último término. Este modelo sustituye al anterior, que fijaba un mínimo de tres años.
La modificación normativa también amplía el ámbito de actuación del Ejecutivo autonómico. En concreto, permitirá actuar sobre parcelas ubicadas en suelos de otras administraciones públicas adscritas a la Comunidad, como pueden ser los ayuntamientos.
En cuanto a los criterios económicos, la normativa flexibiliza los requisitos mediante la ampliación de los umbrales de ingresos para unidades familiares de dos miembros. En las viviendas de precio básico, los ingresos se sitúan entre 1,5 y 5,5 veces el Iprem, mientras que en las de precio limitado el rango se amplía entre 1,5 y 7,5 veces el Iprem.
Además, se podrán utilizar los datos fiscales más recientes disponibles y se admitirán declaraciones responsables en caso de cambios relevantes en la situación económica del solicitante.
Mayor transparencia en el proceso
La reforma incluye también la publicación permanente de las listas de solicitantes en la web del concesionario, con enlace desde la página institucional, lo que permitirá su actualización continua y facilitará el acceso a la información.
También se introducen mecanismos para optimizar la ocupación de los inmuebles. Se contempla la posibilidad de reasignar viviendas reservadas a cupos específicos —como víctimas de violencia contra la mujer o personas asiladas— cuando queden vacantes, así como la reducción de los plazos de adjudicación para agilizar los procedimientos.
A estas medidas se suma el nuevo reglamento de vivienda protegida, actualmente en tramitación, que establece un periodo mínimo de cinco años para el acceso en alquiler y diez años en caso de compra. Será suficiente con que uno de los miembros de la unidad familiar cumpla este requisito.
En el caso de las viviendas gestionadas por la Agencia de Vivienda Social, se mantiene la obligación de acreditar diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid, de los cuales al menos tres deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
Almeida se alinea con Ayuso
En paralelo, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid ha puesto en marcha un nuevo programa de alquiler dirigido a rentas medias, que comenzará con la promoción Iberia Loreto 1, en el distrito de Barajas, según ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, este jueves en rueda de prensa.
El objetivo es ampliar el acceso a la vivienda pública a perfiles que hasta ahora quedaban fuera de las convocatorias, al superar el límite de 3,5 veces el Iprem, pero que tampoco pueden acceder al mercado libre en las condiciones actuales. El programa se dirige a personas de entre 18 y 50 años, con al menos cinco años de empadronamiento en Madrid —u ocho dentro de los últimos diez—.
Según ha insistido Sanz, esta iniciativa no sustituye a los sorteos actuales, sino que los complementa con promociones excepcionales. El programa arrancará con Iberia Loreto 1, un edificio que ya está construido y que ofrecerá 52 viviendas. "El proceso para inscribirse en esta promoción se abrirá en las próximas semanas para optar a estas viviendas, que serán sorteadas en el mes de junio", ha adelantado la portavoz municipal.
Preguntada la vicealcaldesa sobre si este anuncio tiene algo que ver con el aprobado ayer por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Sanz ha asegurado que no responde a una decisión concreta, sino que es el resultado de que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad están "absolutamente alineados" en sus estrategias, con la vivienda como "la prioridad absoluta máxima". "No hay una decisión de alinear estas estrategias, sino que desde el principio del mandato lo hemos venido haciendo", ha respondido.