El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha anunciado que emprenderá acciones administrativas y judiciales para defender la sede histórica de los médicos madrileños después de que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades modificara el régimen de uso del edificio situado en la calle Santa Isabel, 51.
La decisión se recoge en una Orden, firmada el 27 de julio de 2026 por la ministra Diana Morant, que deja sin efecto el convenio vigente desde el 23 de febrero de 1970. En su lugar, establece una concesión demanial —una autorización para utilizar un bien de dominio público— con una duración de 25 años y limitada únicamente a parte del inmueble, propiedad del Estado y declarado Bien de Interés Cultural.
La nueva regulación supone una reorganización significativa de los espacios del edificio, que durante más de cinco décadas ha acogido la actividad institucional, científica y formativa del Colegio. El argumento esgrimido para ello se apoya en la creación del futuro Museo Nacional Ramón y Cajal.
Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, el presidente del ICOMEM, D. Manuel Martínez-Sellés, afirma que "nosotros, como el resto de la profesión médica, seríamos más partidarios de un Museo Español de la Medicina". De hecho, remarca que "ya en el 2021, el ICOMEM firmó el Acuerdo de Atocha con la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), la Organización Médica Colegial (OMC), la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), la Conferencia Española de Decanos de Facultades de Medicina —es decir, toda la profesión médica— para impulsar la creación de dicho Museo Español de la Medicina". Así, Martínez-Sellés indica que en dicho acuerdo figuraba que "el museo estuviese en nuestras instalaciones, pero respetando el convenio de 1970". Por ello, "nos vemos abocados a defender los derechos de los médicos madrileños".
El presidente del ICOMEM recuerda que el Colegio "ha mantenido una postura muy firme en defensa de un estatuto médico propio contra la intención de la ministra de hacer un estatuto sanitario marco genérico que no respeta las particularidades de la profesión médica". Según Martínez-Sellés, "la ministra ha unido a toda la profesión médica en contra de este estatuto marco genérico pactado con sindicatos de clase que ni siquiera tiene en cuenta las reivindicaciones de los sindicatos médicos". Una cuestión de fondo que levanta la "sospecha de que nuestra postura firme no haya sentado bien al Gobierno central y que ello pueda haber supuesto la consecuencia de revocar el convenio, aunque no podamos afirmarlo a ciencia cierta".
Respecto a las acciones jurídicas, Martínez-Sellés confirma que "el Colegio de la Abogacía de Madrid, ante tamaña injusticia, se ha puesto a nuestra disposición y está actualmente estudiando el caso y realizando un informe jurídico". Por otro lado, subraya que "nos extraña y nos duele que todo esto se haya producido después de varias reuniones con el Ministerio", ya que "siempre hemos tenido voluntad de diálogo y en ningún caso estamos en contra del Museo Ramón y Cajal en nuestras instalaciones".
Una redistribución de espacios
Entre las principales novedades, numerosos espacios emblemáticos de la planta baja y del sótano pasan a ser de uso exclusivo del futuro Museo Nacional Ramón y Cajal. Entre ellos figuran el vestíbulo de Santa Isabel, las aulas Cajal y Gregorio Marañón, las galerías, el Pequeño Anfiteatro, la Sala de Prensa, además de varios archivos y almacenes.
Otros espacios, como el Gran Anfiteatro, el Patio Cajal y el acceso principal, tendrán un uso compartido entre el Museo y el ICOMEM, aunque el Colegio necesitará la conformidad previa del Museo para utilizarlos.
El ICOMEM conservará el uso exclusivo del Aula Jiménez Díaz, el Espacio del Niño Perdido y las plantas segunda, tercera y el altillo, además de la gestión de la cafetería y la cocina.
Más de medio siglo de gestión e inversión
El Colegio recuerda que ha gestionado, conservado y mantenido la parte histórico-artística del edificio durante más de cincuenta años, destinándola a la formación médica, la actividad colegial y otras iniciativas de interés público.
Asimismo, destaca que en los últimos seis años ha invertido cerca de 11 millones de euros en la modernización de las infraestructuras y equipamientos de la sede. Según la institución, estas actuaciones fueron conocidas y valoradas por el Ministerio y se realizaron con la expectativa de amortizar la inversión durante los años previstos de utilización del inmueble.
Nuevas obligaciones para el Colegio
Además de la reducción de los espacios disponibles, el nuevo régimen incorpora diversas limitaciones para el ICOMEM. Entre ellas se incluyen restricciones para ceder o utilizar determinadas dependencias, la necesidad de obtener autorizaciones previas para algunas obras y actividades, la obligación de inventariar y custodiar bienes muebles, asumir los gastos de los espacios concedidos y la posibilidad de que la concesión sea extinguida por razones de interés público sin derecho a indemnización.
Apoyo al Museo Cajal, pero rechazo al procedimiento
El Colegio de Médicos de Madrid asegura respaldar plenamente la creación y consolidación del Museo Nacional Ramón y Cajal y la preservación del legado del científico español.
Sin embargo, considera que ambos objetivos son compatibles con el mantenimiento de la actividad colegial y sostiene que la nueva regulación se ha impuesto de forma unilateral, sin un proceso de negociación previo que permitiera alcanzar una solución equilibrada para ambas instituciones.
Por ello, el ICOMEM solicitará una reunión urgente con el Ministerio para conocer las razones que han motivado la decisión y reclamar explicaciones sobre el procedimiento seguido, así como sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida.
Un contexto de tensión institucional
La Junta Directiva también ha expresado su preocupación por la coincidencia temporal de esta decisión con la oposición pública que el Colegio mantiene desde hace meses respecto al nuevo Estatuto Marco del personal sanitario promovido por el Ministerio de Sanidad.
El borrador de la norma ha generado un amplio rechazo entre organizaciones médicas, que critican que mantiene las guardias de 24 horas, no reconoce a los médicos como profesión de riesgo y no contempla un estatuto propio que refleje la elevada responsabilidad clínica y los más de diez años de formación que requiere el ejercicio de la medicina. Además, denuncian que el texto se elaboró sin una participación directa de los representantes de la profesión.
Aunque el ICOMEM no establece una relación directa entre ambos hechos, considera que la coincidencia temporal de las decisiones genera una "legítima preocupación" y reclama la máxima transparencia institucional.
Próximos pasos
Ante esta situación, la Junta Directiva ha encargado un análisis jurídico urgente de la Orden ministerial para determinar las actuaciones legales que correspondan en defensa de los intereses del Colegio y de sus más de 50.000 colegiados.
Además de solicitar una reunión inmediata con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la institución convocará una Asamblea General extraordinaria a comienzos de septiembre. En ella se informará a todos los colegiados sobre la situación jurídica creada por la nueva Orden, las medidas de defensa previstas y el impacto económico que la decisión tendrá para el Colegio.