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Correa, a la caza de aliados contra Reino Unido

Ecuador ha conseguido movilizar a la la OEA, el ALBA y UNASUR en su particular 'cruzada' a favor de Assange. 

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Hasta el momento, el asunto de la extradición de Julian Assange afectaba a EEUUU, Suecia, Reino Unido y Ecuador, pero parece que en breve más países se verán envueltos en el conflicto del fundador de Wikileaks. Al menos así lo pretende el Ejecutivo de Rafael Correa, que está tratando de recabar apoyos a través de distintas estrategias.

La izquierda iberoamericana

El primer frente que cubrirá será el de la izquierda iberoamericana. Para ello ha pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) que convoque una reunión extraordinaria, que reúna a todos los presidentes para posicionarse en el conflicto diplomático, y aprobar una propuesta de resolución presentada por Ecuador.

Ecuador tratará de que la OEA se reúna el 23 de agosto en Washington y estudie "las amenazas vertidas por Reino Unido en contra del Estado ecuatoriano y sus locales diplomáticos en dicho país" y así "acordar las medidas que convenga adoptar".

La Alianza Bolivariana y la Unión de Naciones Suramericanas también mantendrán reuniones para tratar el asunto, este sábado en Guayaquil. El apoyo que le darán a Correa es incuestionable. 

Ecuador tratará de llevar el conflicto a la ONU

La Asamblea Nacional de Ecuador pidió hoy al Gobierno de su país que solicite una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para evitar que Reino Unido use la fuerza y entre sin autorización en la Embajada ecuatoriana en Londres para detener a Assange.

En una larga sesión extraordinaria que concluyó pasada la medianoche, el órgano parlamentario de Ecuador resolvió rechazar la "amenaza" del Reino Unido y convocó a los ecuatorianos a unirse en torno a la defensa de la soberanía nacional. El motivo es la carta enviada por Londres a la embajada ecuatoriana, en el que se amenazaba con irrumpir en las dependencias si no entregaban a Assange.

En su resolución, aprobada por 73 legisladores de los 80 presentes en la sesión, la Asamblea Nacional recomendó al Gobierno que, "solicite una reunión urgente" del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para evitar la "amenaza" británica.

Reino Unido permanece firme

El Gobierno británico, que ha manifestado su "decepción" por la decisión ecuatoriana, ha subrayado que su principal obligación legal es cumplir con la extradición de Assange a Suecia, donde está acusado de delitos sexuales, y ha asegurado que no piensa entregarle un salvoconducto para abandonar el país. 

"No otorgaremos un salvoconducto a Assange para que salga del Reino Unido, no hay ninguna base legal que nos obligue a ello", apuntó el ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague. 

Suecia convoca a su embajador

El gobierno de Suecia, por su parte, lamentó que la decisión de Ecuador "impida" la actuación de la justicia y convocó al embajador de ese país en Estocolmo, al que transmitió el rechazo a las "infundadas argumentaciones" del canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, al anunciar hoy la concesión de asilo al responsable de la divulgación de miles de documentos oficiales secretos. 
 
Patiño alegó que la decisión se sustenta en el derecho internacional y en la consideración de que la vida de Assange corre peligro, si desde Suecia es finalmente extraditado a Estados Unidos. 
 

EEUU: No vamos a perseguir a Assange

Como respuesta, el Gobierno estadounidense negó que tenga intención de "perseguir" a Assange o que esté presionando al Reino Unido para su posible extradición a Estados Unidos, aunque sin hacer valoraciones sobre la decisión ecuatoriana. 
"Este es un asunto entre los países implicados, y no estamos planeando meternos", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland.

Australia, presionada

Hasta el momento, el Gobierno laborista de la primera ministra, Julia Gillard, mantiene que la disputa diplomática entre el Reino Unido y Ecuador por el caso Assange, es un asunto que incumbe estrictamente a estos dos países. "El papel de Australia permanece inalterado", indicó el gabinete de prensa del ministro australiano de Asuntos Exteriores, Bob Carr, una postura igual a la sostiene la Fiscalía General de Australia.

En una aparente invitación a mediar en la crisis diplomática, el abogado especializado en derechos humanos y miembro del equipo que defiende al activista australiano, Geoffrey Robertson, señaló que el Gobierno de Australia puede contribuir a resolver la disputa.

"Los ecuatorianos cuestionan a los norteamericanos, los suecos y a los británicos, pero es obvio que el país del que el señor Assange es ciudadano (Australia) no se ha implicado", dijo Robertson al canal de televisión ABC. "Creo es la oportunidad para Australia para implicarse por su ciudadano y ver si puede hacer cuadrar este círculo" añadió el letrado.

Después del anuncio hecho el jueves por el Gobierno ecuatoriano, el Partido Verde de Australia indicó que consideraba que la decisión de Quito de dar asiló diplomático Assange suponía ofrecerle la protección que el Gobierno de su país no le ha dado.

"Lo que el Gobierno ecuatoriano ha hecho es ofrecer a Julian Assange la protección que el Gobierno australiano no le ha dado", señaló en conferencia de prensa el senador Scott Ludlam, portavoz del Partido Verde en la Cámara Alta. Según Ludlam, la declaración de Ecuador, anunciada por el ministro ecuatoriano de Asuntos Exteriores, Ricardo Patiño, fue de forma "inequívoca y detallada condenatoria para Australia". La declaración de Ecuador "subraya que las razones por las que el señor Assange ha dado este paso radical en primer lugar y se ha echado con buen resultado a pedir el favor de las autoridades ecuatorianas, se deben a que no ha confiado en la buena voluntad de su país o en su capacidad para defender sus derechos legales", puntualizó el senador Ludlam.
 

 

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