L D (EFE) El resultado mereció los parabienes del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, según quien la lucha contra el terrorismo en Francia "no se ha presentado como un asunto de derechas o de izquierdas, sino en una continuidad sean cuales sean los gobiernos, "para reforzar el arsenal jurídico".
Esta ley amplía los márgenes de la lucha antiterrorista, y fue esbozada en verano, como respuesta a los atentados islamistas que golpearon Londres los pasados 7 y 21 de julio. Las compañías de transporte de pasajeros por vía terrestre, ferroviaria, marítima o aérea deberán proporcionar al Estado los nombres y datos de sus viajeros. Los jueces podrán imponer hasta 30 años de prisión a los jefes de bandas terroristas (antes la pena máxima era de 20 años), y 20 a sus integrantes (antes, 10 años). Una medida que afectará directamente a los etarras juzgados en Francia y no se refiere únicamente a los delitos o crímenes de terrorismo islamista.
En caso de peligro inminente de acción terrorista, los jueces pueden prolongar el periodo de detención sin comparecencia judicial de cuatro a seis días. Las autoridades también dispondrán de mayores recursos para hacer uso de la videovigilancia en los transportes y lugares públicos y para controlar los datos de los registros telefónicos e informáticos. Francia obligará a las compañías de móviles y de proveedores de Internet a almacenar, durante un año, los datos de las conversaciones telefónicas o mediante correo electrónico. No su contenido, sino los números marcados o el destinatario, la duración y fecha de la llamada o contacto y el remitente.
Los prefectos (delegados del gobierno en las provincias) podrán instalar cámaras en lugares públicos durante cuatro meses sin solicitar autorización judicial y las "personas morales" podrán filmar los alrededores de sus edificios. En el caso de lugares sensibles, como centrales nucleares, podría imponerse el uso de cámaras de vídeo como complemento de seguridad. El texto contempla la indemnización de todas las víctimas de atentados terroristas en Francia, sea cual sea su nacionalidad. Para ser promulgada, la ley debe todavía recibir el visto bueno del Senado y, en segunda lectura, de nuevo de la Asamblea Nacional.