La Audiencia Nacional no investigará las masacres de Myanmar

Así lo ha acordado la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que ha desestimado el recurso interpuesto por dicha asociación contra la decisión del magistrado Fernando Grande-Marlaska de no admitir a trámite la querella presentada ante su juzgado el pasado 18 de septiembre y archivar la causa.

El juez dictó su resolución el pasado mes de diciembre de forma "indudablemente acertada" al considerar que los hechos denunciados no eran competencia de la jurisdicción española, asegura la sala, formada por la presidenta Ángela Murillo y los magistrados Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel.

La denuncia alude a la represión militar de 1988, la masacre de Depayin de 2003, los crímenes de la "revolución azafrán" de 2007 y el bloqueo de ayuda a los damnificados del ciclón Nargis de 2008, así como a la violencia sexual contra las mujeres, los desplazamientos y trabajos forzados de la población civil de las distintas etnias del país y el reclutamiento de niños soldados.

Entre los querellados figuran Maung Aye, comandante en Jefe del Ejército birmano; Maung Oo, ministro del Interior; Hla Htay Win, responsable del comando militar de Rangún durante las masacres de 1988 y 2007; Hla Min, responsable de una División de Infantería Ligera que intervino en Rangún en 2007; Khin Ye, director general de la Policía, y Myint Swe, responsable de los servicios de Inteligencia.

De acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que limitó la jurisdicción universal restringiendo la actuación de la Audiencia Nacional a los casos en que existan víctimas españolas o los responsables del delito estén en España, los magistrados subrayan que en este caso "no aparece una sola víctima de nacionalidad española".

"Resulta obvio que ninguno de los querellados se encuentran en nuestro país, así como que ninguna víctima poseía la nacionalidad española, y los presuntos delitos perpetrados, gravísimos sin duda, según se desprende el escrito de la querella, carecen de conexión con España", concluyen.

Con ello, el tribunal estima que ya se podría declarar la falta de competencia de la jurisdicción española, pero añaden además que ya existen investigaciones sobre los hechos en otras instituciones internacionales.

De esta forma, señala que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según una resolución del Parlamento Europeo, aprobó remitir al fiscal de la Corte Penal Internacional toda la documentación sobre el bloqueo de las ayudas dirigidas a los damnificados del ciclón Nargis.

También se refiere a la muerte del fotógrafo japonés Kenji Nagal, para insistir en que en su país ya hay una "exhaustiva" investigación abierta para determinar si "fue consecuencia de un asesinato".