L D (EFE) La CE decidió que sea el Tribunal de Justicia quien determine la existencia o no de estas posibles infracciones, tras analizar "en profundidad" todos los datos de que dispone y escuchar en audiencia, el 30 de junio y a puerta cerrada, a la propia Edith Cresson. El Tribunal no puede imponerle sanciones penales, pero sí despojarle de su derecho a percibir una pensión.
Cresson fue inculpada, junto a otros siete funcionarios comunitarios, en marzo de 2003 por un juzgado de instrucción de Bruselas, pero finalmente se desestimó el caso.