L D (Agencias) Antonio Maldonado, que se encuentra en la capital chilena, expresó su convicción de que el Gobierno peruano sustentará con antecedentes sólidos la petición para que Chile entregue al ex mandatario. Fujimori, a quien este martes el juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez le negó la libertad provisional, permanece detenido en la Escuela de Gendarmería de Santiago de Chile desde el lunes. La resolución del juez es inapelable porque no fue acordada en una audiencia, explicó el mismo Álvarez, que fundamentó su decisión en las disposiciones del tratado de extradición chileno-peruano de 1932.
Según fuentes judiciales chilenas, el Gobierno peruano nombró al jurista chileno Alfredo Etcheberry para que represente al Estado de Perú, una vez que comience en Chile el juicio por la extradición de Fujimori. Antonio Maldonado, que confía en que Fujimori sea extraditado, dijo a EFE que espera "que el Poder Judicial peruano y la Corte Suprema estén a la altura de las demandas de justicia de la nación, porque aquí hay víctimas". Un escenario de impunidad favorable a Fujimori en Lima sólo podría ser posible "si hoy o mañana nos encontramos en estos procesos con actores genuflexos o conciliadores, a punto de conciliar principios", subrayó.
Protesta peruana a la reacción japonesa
El Gobierno y representantes de diversos partidos políticos de Perú coincidieron en que es "inaceptable" la intervención de las autoridades niponas en el caso. El vicepresidente peruano, David Waisman, consideró que la solicitud nipona para que Chile dé un "tratamiento justo" a Fujimori es "una interferencia inaceptable". "Japón no puede ni debe meterse en temas que involucran a dos estados soberanos como Chile y Perú; además, Alberto Fujimori llegó a Santiago con pasaporte peruano, por lo que Tokio no tiene nada que responder en este asunto", dijo Waisman a la agencia oficial Andina.
El Gobierno japonés pidió a Chile que Fujimori "sea tratado de manera justa y sin discriminación" y que como ciudadano nipón "sea juzgado de manera correcta", informaron a EFE fuentes oficiales en Tokio. El embajador nipón en Santiago, Hajime Ogawa, formuló esas demandas al ministro de Relaciones Exteriores chileno, Ignacio Walker, y le manifestó el deseo de su país de seguir siendo informado sobre el caso.
Al respecto, el legislador opositor Luis Gonzales Posada, del Partido Aprista Peruano, señaló que la intervención japonesa "es una actitud extraña, atípica y hasta ofensiva a Chile". Según sus palabras, con esta actitud "se pretende extender el manto de protección de Fujimori desde Japón". "Chile es un país soberano y no puede recibir sugerencias de esa naturaleza. Si uno hace ese pedido significa que podría tener un tratamiento injusto, de tal manera que Chile tiene que responder. Esto es una suerte de advertencia que no se debe permitir", afirmó.
Para el congresista Javier Diez Canseco, principal figura de la izquierda peruana, es "vergonzante e inaceptable" que el Gobierno de Tokio considere al ex presidente peruano como a un ciudadano nipón". "Esto evidencia que este país continúa cubriéndole las espaldas y está muy claro que lo consideran un súbdito japonés. Es evidente que es un acto de intromisión", anotó en referencia a los cinco años que el ex presidente permaneció en Japón desde que en 2000 renunció a la jefatura de Estado peruana vía fax.