L D (EFE)
"La amenaza ha disminuido (...), por lo que levanto el estado de rebelión", señaló la mandataria. El "estado de rebelión" permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía practicar detenciones sin orden judicial, y fue declarado con el objeto de detener y controlar a los cerca de 300 amotinados en el distrito financiero de la capital.
El grupo de militares rebeldes tomaron un edificio de Makati, el corazón financiero del país, y, pertrechados de explosivos y armas, se rindieron tras más de 18 horas de asedio. El portavoz presidencial, Ignacio Bunye, reiteró las palabras de la presidenta y señaló que "nuestros asesores en seguridad recomendaron a la presidenta levantar el estado de rebelión".
Esta figura legal, que ha sido criticada duramente por algunos legisladores y defensores de los derechos humanos, permitió el arresto de Ramón Cárdenas, el que fuera viceministro de la Presidencia del ex presidente Joseph Estrada (1998-2001). En la vivienda de Cárdenas, según la policía, se incautaron de armas y material relacionado con los amotinados en Makati. El "estado de rebelión" también facilitó la presentación de cargos criminales, el 4 de agosto, contra el senador Gregorio Honasan, quien protagonizó varias intentonas golpistas durante el mandato de la ex presidenta Corazón Aquino (1986-1992). El Gobierno asegura que Honasan estuvo detrás de la intentona golpista y que mantuvo una reunión clave con los rebeldes.
El grupo de militares sublevados exigió la dimisión de la presidenta Macapagal Arroyo; de su ministro de Defensa, Angelo Reyes; y del responsable de la inteligencia militar, Víctor Corpus, a quienes acusaron de corrupción, de vender armas a los grupos insurgentes y de idear los atentados de la ciudad de Davao (Mindanao). Aunque el Gobierno ha desmentido estas acusaciones, el responsable de la inteligencia militar, Víctor Corpus, presentó su dimisión unos días después de la intentona golpista, mientras que el ministro de Defensa se mantiene en su puesto.
El grupo de militares rebeldes tomaron un edificio de Makati, el corazón financiero del país, y, pertrechados de explosivos y armas, se rindieron tras más de 18 horas de asedio. El portavoz presidencial, Ignacio Bunye, reiteró las palabras de la presidenta y señaló que "nuestros asesores en seguridad recomendaron a la presidenta levantar el estado de rebelión".
Esta figura legal, que ha sido criticada duramente por algunos legisladores y defensores de los derechos humanos, permitió el arresto de Ramón Cárdenas, el que fuera viceministro de la Presidencia del ex presidente Joseph Estrada (1998-2001). En la vivienda de Cárdenas, según la policía, se incautaron de armas y material relacionado con los amotinados en Makati. El "estado de rebelión" también facilitó la presentación de cargos criminales, el 4 de agosto, contra el senador Gregorio Honasan, quien protagonizó varias intentonas golpistas durante el mandato de la ex presidenta Corazón Aquino (1986-1992). El Gobierno asegura que Honasan estuvo detrás de la intentona golpista y que mantuvo una reunión clave con los rebeldes.
El grupo de militares sublevados exigió la dimisión de la presidenta Macapagal Arroyo; de su ministro de Defensa, Angelo Reyes; y del responsable de la inteligencia militar, Víctor Corpus, a quienes acusaron de corrupción, de vender armas a los grupos insurgentes y de idear los atentados de la ciudad de Davao (Mindanao). Aunque el Gobierno ha desmentido estas acusaciones, el responsable de la inteligencia militar, Víctor Corpus, presentó su dimisión unos días después de la intentona golpista, mientras que el ministro de Defensa se mantiene en su puesto.