LD (EFE) Después de casi seis horas de deliberaciones en la ciudad de Santa Cruz, la asamblea regional a la que asistieron líderes sociales, gremiales y políticos de los departamentos de Beni, Pando y Tarija aprobaron convocar a un paro cívico para el próximo viernes.
Los dirigentes opositores exigen al Gobierno de Evo Morales que cumpla lo que establece la Constitución y la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente", ante lo que calificaron de "conducta totalitaria" del Gobierno de Evo Morales. La asamblea regional advirtió que tomará nuevas medidas de presión en caso de que el Gobierno insista en ignorar la legalidad vigente.
Los líderes de esas regiones, que ocupan dos tercios del territorio boliviano y donde vive un tercio de la población, reclaman también que el gobierno del Movimiento Al Socialismo respete el resultado del referéndum del dos de julio pasado. Casi dos tercios del electorado de esos departamentos se pronunció a favor de un régimen autonómico al que el MAS se opone, y los otros cinco se inclinaron por el "no".
En la reunión regional se escucharon llamamientos de varios oradores para que los asambleístas no vayan a Sucre, sede de la Constituyente, hasta que se resuelva la crisis. Otra decisión fue "convocar al diálogo nacional para construir una salida democrática a la actual crisis de la Asamblea", donde el viernes pasado el MAS impuso un reglamento de debates que, según la oposición, viola la constitución actual.
Los tres principales partidos de la oposición, la alianza conservadora Poder democrático y Social (Podemos), el derechista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la centrista Unidad Nacional (UN) abandonaron el viernes la Constituyente por el intento del MAS de cambiar las normas pactadas. Los seguidores de Morales decidieron que la Constituyente tome decisiones por mayoría, en vez de los dos tercios que establece la actual Carta Magna y la ley de convocatoria de la Asamblea. Además calificaron la Constituyente de plenipotenciaria -"originaria", en el argot político boliviano-, con poderes plenos sobre todas las instituciones estatales, en lo que la oposición ve un intento del Gobierno de dar un "autogolpe".